El Gobierno de Luis Arce Catacora pretende aprobar créditos, cuya suma asciende a más de 1.6 billones de dólares, para supuestamente comprar combustible, pues hace unos días el presidente de la estatal YPFB dijo que sin dólares será imposible importar gasolina y diésel. Fue la primera vez que el Gobierno admitió una severa crisis económica, después de incontables veces que el propio presidente Arce dijera que las cosas estaban bien y bajo control. Lo que es cierto y evidente es que el combustible está escaseando mucho; en días pasados se registraron largas filas —de varias decenas de cuadras en algunas ciudades— en los surtidores de gasolina y diésel, y además casos de contrabando de gasolina, ya que la que se vende en el territorio boliviano es seguramente la más barata de la región.
Es preocupante que el Gobierno pretenda seguir endeudando al país con créditos millonarios, aunque éstos sean para comprar los tan requeridos carburantes. Y lo es porque, en primer lugar, evidencia que el país está realmente quebrado y no se tiene planificada otra fuente de ingresos que no sean los préstamos; en segundo lugar, porque, como los gobiernos incapaces no ven a largo plazo, no se sabe cómo se pagará la millonaria cuenta que Bolivia tendría que pagar en caso de que esos créditos se concreten. También lo es porque, en caso de que sean aprobados créditos para comprar carburantes, no se sabe cómo se los seguirá comprando una vez que el dinero prestado se termine… Como se podrá colegir, por donde se lo vea el propósito de endeudarse billonariamente para comprar gasolina es un absurdo propio de un gobierno populista que ya nada bueno tiene que ofrecer a un país.
No hay dónde perderse: estamos viviendo el resultado de la irresponsabilidad gubernamental de varios años, en los que se vivió una bonanza económica sin precedentes históricos y no se previó una situación como la que actualmente atravesamos. Igual que los criollos que hace dos siglos pensaban que las riquezas mineras de Potosí serían interminables, los actuales burócratas y gobernantes pensaron que la fiesta de la renta petrolera duraría toda la vida. En todos los años de gobierno “masista” no se hicieron exploraciones de pozos gasíferos, se gastó 60 mil millones de dólares a manos llenas y nada se industrializó (a no ser que se tome como industrialización la fritura de la papa y el puré de papa, que se está haciendo en la planta procesadora de El Alto que hace poco inauguró solemnemente Luis Arce).
Pero hay algo extraño. El desglose de los 1.6 billones de dólares de créditos es de dieciséis puntos, entre los cuales son mencionados proyectos de desarrollo e infraestructura e incluso la lucha contra el covid-19. Ninguno de los créditos hace referencia a compra de carburantes o combustibles, por lo cual gastar esos 1.6 billones de dólares, procedentes de diferentes entidades, en cosas que no sean las mencionadas en ese documento sería ilegal. Lo importante es que la ciudadanía se dé cuenta de que, si el Gobierno tuviera la voluntad política de resolver algo de la crisis, lo primero que haría sería reducir el gasto público, que es exorbitante, teniendo en cuenta la precaria realidad económica de Bolivia, y de que más créditos la volverían todavía más pobre.
Más créditos, más deudas, más pobreza
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