La candidatura Evo y el desgobierno de Arce

Bolivia vive sumida en el desorden y el desconcierto en los últimos años. La crisis económica ha golpeado a miles de familias, generando en éstas una sensación de incertidumbre y algunos enfrentamientos que, en el corto y mediano plazo, pueden derivar en conflictos sociales de mayor escala. A ello se suman hechos como el reciente y misterioso asesinato del policía José Aldunate o las constantes amenazas de convulsión social por parte de Evo Morales, quien ya tiene una orden de aprehensión, pero aun así se resiste a comparecer ante la justicia y camina por las calles de varios poblados del Trópico de Cochabamba como Pedro por su casa. La situación es grave porque el desgobierno de Luis Arce puede derivar en conflictos sociales de gran envergadura en puertas de la elección general, prevista para el 17 de agosto del presente año. La verdad es que nada nos asegura un final pacífico.
El pasado 20 de febrero, Morales se despidió del MAS, su partido histórico, y anunció que había firmado un acuerdo con el Frente Para la Victoria, organización política que ya en las elecciones generales de 2019 tuvo denuncias de haber plagiado su programa de gobierno de un partido político peruano. Según una resolución judicial de fines del 2023, Evo está inhabilitado para candidatear, pero él y sus seguidores se resisten a aceptar esa situación y han anunciado una masiva marcha desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales, hasta el Órgano Electoral, en la sede de gobierno, para inscribir a la fuerza su candidatura, ahora bajo la sigla de un partido que, como otros en Bolivia, alquila su personería jurídica para que algún caudillo la pueda hacer triunfar y, con eso, pueda acomodar a algunos de sus militantes en puestos burocráticos.
La actual situación de Evo pinta la situación en la que se encuentra el país: un individuo que violó la Constitución Política del Estado y los resultados del 21F, que amenaza con convulsionar el país, que ahora está acusado de violación a menores, tiene una orden de aprehensión y, pese a todo eso, camina libre y sin rendir cuentas a la justicia. Es el retrato de un país sin justicia, donde los justos son encarcelados y perseguidos y los pecadores, liberados y premiados. ¿Por qué Morales, guarecido desde hace cuatro meses en su fortín chapareño, no es forzado a responder a la justicia y en cambio hay decenas de perseguidos políticos? ¿Acaso hay ciudadanos de primera y de segunda, como los había en la Bolivia de hace varias décadas? He ahí otra prueba de que las cosas en el país no han variado mucho, pese a las varias “revoluciones” que hubo.
La tarea de reconstrucción institucional del siguiente gobierno será ardua, pero que no quepa duda de que si el siguiente gobierno es del MAS —en cualquiera de sus versiones— no habrá tarea reconstructiva alguna, ya que las instituciones seguirán como están ahora: cooptadas por el Ejecutivo y, por consecuencia, en la espiral de degradación en que están desde hace varios lustros.
¿Cómo liberarse de un régimen que tiene sembradas las semillas del totalitarismo? ¿Cómo convencer a las oposiciones de que sin un proyecto unificado no se podrá vencer a la autocracia? ¿Cuándo terminará esta larga noche?