lunes, febrero 17, 2025
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Anuncian movilizaciones desde el 10 de febrero

Sectores económicos exigen derogar artículo confiscatorio

> Sostienen que la disposición séptima del PGE 2025 provoca inseguridad jurídica y afecta a la propiedad privada, da lugar a la extorsión y corrupción y consideran que acciones del Gobierno afectan al abastecimiento de alimentos en el mercado nacional.

Luego de una reunión multisectorial de toda la cadena productiva de Bolivia, los sectores económicos determinaron exigir la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, debido a que provoca inseguridad jurídica y afecta a la propiedad privada, y da lugar a extorsión y corrupción. Si el Gobierno no cede a sus demandas, podrían presionar con movilizaciones a partir del 10 de febrero.
Los actores de la cadena productiva y de abastecimiento, incluyendo empresarios, transporte, gremiales y otros, se han declarado en emergencia y anunciaron una “movilización contundente” para el 10 de febrero en demanda a que se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, porque consideran que es extorsiva para los actores económicos.
La disposición séptima autoriza el decomiso y confiscación de productos, en caso de que comercializadores pretendan retenerlos y/o encarecer los precios. El Gobierno argumenta que se pretende cuidar el bolsillo de la gente, pero los actores económicos denuncian que es una medida arbitraria y de ataque, que se prestará a la extorsión.
La reunión determinó siete puntos, en los cuales se encuentran: exigir al Ejecutivo y Legislativo a derogar la disposición séptima de la Ley 1613; también plantean impulsar un nuevo desarrollo basado en la familia, la propiedad privada, la seguridad jurídica y el acceso a la tecnología.

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