Negando haber vertido amenazas contra la presidencia del Senado al conminar a esta instancia para la aprobación del proyecto de ley que suspende las elecciones primarias 2024, el jefe de bancada por el Movimiento al Socialismo (MAS), en Diputados, Jerges Mercado, señaló que la normativa en cuestión es una necesidad nacional que debe ser aprobada para garantizar las elecciones judiciales.
En declaraciones a medios de prensa, Mercado reiteró su pedido para que la Cámara de Senadores sesione y apruebe el proyecto de ley para la suspensión de las primarias, tal como se acordó entre líderes políticos y representantes de tres Órganos del Estado.
“Una vez más quiero pedirle al presidente de Senadores y conminarle a que de una vez se convoque a sesión para aprobar el proyecto aprobado en Diputados. Corresponde que sea sancionado suspendiendo las elecciones primarias como fue acordado el 10 de julio a instancias del Órgano Electoral”, dijo.
En criterio del parlamentario oficialista, al dilatar la aprobación de esta normativa, se pone en riesgo la realización de las elecciones judiciales, echando por la borda todos los esfuerzos para concluir con el proceso de preselección de postulantes en la ALP.
A esto se suman los tiempos señalados por el Tribunal Electoral para la aprobación de la norma, obligando a emitir una convocatoria para los comicios primarios en caso de no aprobarse su suspensión.
“El Órgano Electoral necesita ciertos tiempos para poder organizarse y ellos han planteado que si hasta el 17 de este mes no se aprueba y promulga esta ley, corren las primarias y ya no las elecciones judiciales”, insistió.
Asimismo, rechazó los criterios que ven amenazas en su conminatoria al Senado para tratar y aprobar esta normativa.
“No son amenazas, es una necesidad nacional y estamos a la espera de que se cumpla con estos aspectos”, afirmó.
Al respecto, la senadora Simona Quispe, exigió a su colega Diputado no entorpecer el trabajo de la Cámara Alta con declaraciones que solo buscan poner más a la realización de las elecciones judiciales.
“Nos hemos puesto de acuerdo que sea el martes nuestra sesión para que todas las normas, proyectos que han aprobado en la Cámara de Diputados, van a estar en la agenda (…). Déjenos trabajar, nosotros nunca hemos maniobrado”, respondió la senadora.
El pasado 11 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias a la Presidencia de la ALP. Dicha normativa cuenta con un solo artículo.
“La presente Ley tiene por objeto disponer, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial, en consecuencia no se aplicará el artículo 29 (Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y parágrafos I y II del artículo 51 (Solicitud de la alianza) de la Ley N° 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas”.
Además, se advirtió sobre un posible paralelismo con la realización de los comicios judiciales, mismo que conllevaría dificultades operativas y de logística, tales como la definición de recintos, la adquisición y producción de material electoral, la difusión de méritos de los candidatos al Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, la propaganda electoral, el proceso de cómputo, entre otras complicaciones.
“De no ser tratado el proyecto de Ley oportunamente por la ALP, el TSE deberá emitir la convocatoria para las Elecciones Primarias hasta mediados de agosto, bajo las condiciones que prevé actualmente la normativa”, se señaló.
El 1 de agosto, en su 154° Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados, aprobó la normativa, en sus estaciones en grande y en detalle, con el apoyo de más de dos tercios de los asambleístas presentes, pese a todos los cuestionamientos y el rechazo de legisladores “evistas”. Dicha sesión nuevamente se caracterizó por actos bochornosos entre oficialismo y oposición.
Piden aprobación del Senado
Suspensión de primarias es una necesidad nacional
> Sostienen que al dilatar la aprobación de esta normativa, se pone en riesgo la realización de las elecciones judiciales, echando por la borda todos los esfuerzos para concluir con el proceso de preselección de postulantes en la ALP.
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