El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó en Conclusiones que, aunque en el pasado se habían registrado detenciones arbitrarias por parte del régimen de Venezuela, ahora no se les permite a los detenidos escoger su defensa. También aseguró que el Ministerio Público los está acusando de delitos de terrorismo sin investigar las detenciones.
Según la organización, el número de arrestos verificados e identificados aumentó a 1.010, de los que 91 son menores de edad, durante las masivas protestas opositoras y ha expresado su preocupación por las detenciones selectivas contra defensores de Derechos Humanos y activistas, en los que la mayor parte de los casos «no se permite el derecho a la defensa».
«Son 1.010 detenidos, pero ya desde el lado de funcionarios del Estado ya han dicho que son más de 1.200 y hasta 2.000, (…) se imputan a las personas por instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir, más o menos ese es el menú, por decirlo así, y en algunos casos incluyen traición a la patria, en otra destrucción a la vida pública», manifestó el director de Foro Penal, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa.
Tras ello, ha informado sobre la detención de un activista de la ONG por «pedir información» en un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio de Montalbán, algo que les tiene «bastante consternados».
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) denunció estas detenciones arbitrarias, y ha informado de que al menos 700 personas están siendo acusadas de «terrorismo», de «incitación al odio» y de otros delitos.
«Información creíble indica que las personas detenidas están incomunicadas, sin asistencia legal y trasladadas a prisiones de máxima seguridad, expuestos a altos riesgos de malos tratos y tortura. Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso», reza el comunicado.
FISCAL GENERAL
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló que a todas las personas arrestadas se le están respetados sus derechos y la presunción de inocencia. «De los detenidos, de los centenares de detenidos que existan, nosotros garantizamos un juicio justo, un debido proceso», dijo ayer Saab en rueda de prensa.
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) una entidad dedicada a la atención de personas sordas y con otras discapacidades, también aseguró que un tercer joven fue detenido en Caracas por aparecer en un vídeo, señalado de alterar el orden público.
De acuerdo con los informes, el joven, que tampoco fue identificado, presenta dificultades de aprendizaje y de memoria a corto plazo.
La organización no gubernamental exhortó al Estado venezolano a respetar los derechos y garantías constitucionales de las personas con discapacidad contemplados en la Constitución venezolana y en tratados internacionales suscritos por el país.
Hasta la fecha la ONG Foro Penal Venezolano registra 1.102 personas privadas de libertad desde el 29 de julio, de los cuales 100 son adolescentes y cinco, indígenas.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por otro lado, al menos tres personas con discapacidad están siendo procesadas judicialmente en Venezuela, dijo este lunes en un comunicado la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), en el que manifestó su preocupación ante los arrestos de las últimas horas en el país.
El movimiento político opositor Vente Venezuela se hizo eco de esta denuncia y resaltó el arresto de Daniel Rojas, un joven sordo de 27 años detenido la semana pasada en Caracas.
Este ciudadano fue interceptado por la Guardia Nacional Bolivariana cuando salía de su trabajo en el suroeste de la capital venezolana, en medio de las manifestaciones contra resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro, según Consorven.
Rojas fue llevado a una sede policial y luego trasladado a la cárcel de Yare, en el estado Miranda, le dijo a CNN un portavoz de la confederación. En este caso el joven no maneja lenguaje de señas ni sabe leer y escribir. (Europa Press/CNN)