Una nueva oleada de toma de tierras, tanto en Santa Cruz, El Alto de La Paz y zonas de Cochabamba, revela con transparencia que el problema de la tierra en Bolivia se encuentra latente y, lo que es peor, se va agravando a medida que pasan los años y lo que queda de la agricultura, que es muy poco, también va a desaparecer.
Las tomas de tierras por campesinos de la zona andina, así como en el oriente y los valles, se registran desde hace más de quince años con creciente intensidad, sin que numerosos esfuerzos de los propietarios de tierras puedan solucionar el problema, pese a las demandas insistentes ante el gobierno del Estado Plurinacional. Así mismo, poseedores de tierras no puedan frenar esta oleada de avasallamientos a fundos en plena producción, ni siquiera ha sido posible frenarla con la participación de fuerzas policiales, con amenazas del Misterio de Tierras y al surgir otras solicitudes de protección de la población dedicada a la agricultura.
Estos hechos contra la economía agraria han tenido ya efectos. El primero es que no se está alentando a los grandes y medianos empresarios para que continúen sus labores y no abandonen sus propiedades. Otro efecto es que la producción agropecuaria en el oriente está cayendo y en la región andina ya ha sido abandonada.
Esos hechos revelan con claridad que el problema de la tierra sigue pendiente en Bolivia, con efectos cada vez más contundentes. Veinte años de denuncias sobre toma de tierras revelan que ninguna medida han dado resultado, en caso de que se hubiese intentado adoptar alguna. Las tomas de tierras se reanudan y los loteadores de haciendas siguen actuando impunemente, tal vez impulsados por instrucciones desde inclusive altos niveles políticos. Pero no es suficiente señalar los hechos, sino encontrar las causas. Por lo visto, hasta el presente solo se combate los resultados y no se toma en cuenta el origen del problema, omisión que tiene también motivos mayores.
Aún más, esa política agraria negativa está contenida en la Carta constitucional que rige en el país. Es más, la causa de esta cuestión agraria es la Constitución Política que afecta a los grandes propietarios de tierra, así como a los medianos y pequeños. Por tanto, mientras no se cambie ese sistema, la crisis agraria va a seguir empeorando y produciendo efectos de magnitud, como caída de la producción de alimentos, lo que obliga al contrabando de productos que llegan de Perú, Argentina y Brasil, ante la complacencia de sus gobiernos, que han encontrado mercado de consumo para su sobreproducción agrícola y fuentes de trabajo. Así mismo, significa notable fuga de divisas para la economía nacional.
La ola de toma de tierras que se está reiniciando puede llegar a niveles peores y sus resultados se reflejarán en la vida política del país, al extremo de que se producen asonadas espontáneas en todo nivel. Es, pues, urgente solucionar el grave problema de la tierra. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Otra peligrosa oleada de tomas de tierras
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