Rechazan que Gobierno insista en sobreponerse al Legislativo

Tras la realización de una reunión interinstitucional en la que se abordó la falta de voluntad política del Movimiento al Socialismo (MAS) para tratar el Proyecto de Ley 270 de Derechos Reales, la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, cuestionó que el oficialismo obstaculice el tratamiento legislativo de dicha normativa dando paso a que el Ejecutivo permanentemente emita decretos inconstitucionales que sobrepasan al primer Órgano del Estado.
El viernes, en instalaciones de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, se concretó una reunión interinstitucional destinada a analizar el Decreto Supremo 5143 y socializar el proyecto de ley de Inscripción de Derechos Reales, presentado por la bancada de Creemos en ambas cámaras legislativas.
Rek puntualizó que el proyecto del ley en cuestión fue presentado en 2021 y repuesto año tras año en cada legislatura, por lo que exigió a la bancada de MAS viabilizar su tratamiento, evitando que el Gobierno continúe emitiendo decretos que suprimen las atribuciones de la ALP.
Se rechazó de manera contundente el Decreto Supremo 5143, manifestando pleno respaldo al Proyecto de Ley 270 para su tratamiento urgente en la ALP, adelantando convocar a un nuevo encuentro de estas características en caso de que no se proceda con el análisis de esta normativa.
El encuentro que además contó con la participación de parlamentarios, instituciones y personalidades de la sociedad civil, también determinó crear el Consejo de Defensa de la Propiedad Privada, declarar emergencia a nivel nacional, llamar a la unidad de instituciones y sectores, además de convocar a una protesta pacífica para el próximo 20 de mayo en La Paz y el día 10 en Santa Cruz.
El cuestionado decreto que regula el Registro de Derechos Reales, ha encendido las alarmas entre propietarios y defensores de los derechos constitucionales por facilitar potencialmente la intervención estatal excesiva en la propiedad privada.
En un esfuerzo por salvaguardar estos derechos, los participantes de la reunión han resuelto exigir la abrogación total del Decreto Supremo 5143 y no se descarta la posibilidad de más movilizaciones y otras formas de protesta.
“Estamos frente a un acto que no solo desafía nuestra Constitución, sino que amenaza directamente la seguridad jurídica de nuestros bienes privados”, expresaron los asistentes al evento. Las medidas discutidas incluyen desde la organización de marchas hasta acciones legales, buscando preservar el derecho a la propiedad privada, un pilar fundamental de la economía y la estabilidad social del país.
Unificando criterios de diversos sectores afectados y consolidando un frente amplio en defensa de los intereses de propietarios y empresarios, los líderes del movimiento anunciaron que continuarán las discusiones y planificación de acciones en los próximos días, esperando atraer mayor atención nacional e internacional sobre esta crítica cuestión.
El decreto supremo 5143, del 10 de abril de 2024, dispone reglamentar la Ley de 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales, concordado con las disposiciones del Código Civil y otras disposiciones legales relativas al funcionamiento y organización de Derechos Reales, a fin de modernizar el Registro de Derechos Reales y se aplica a todos los actos de registro público de Derechos Reales que comprenden los establecidos en la Ley de Inscripción de Derechos Reales y el Código Civil, a solicitud de parte, por orden judicial o mandato legal, que se realicen en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con la normativa se busca la desburocratización de los procedimientos establecidos para su desarrollo con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias.
La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia Atristaín, manifestó que el Decreto Supremo 5143 para el registro en Derechos Reales respeta el principio del derecho a la propiedad privada, garantizado por la Constitución Política del Estado. Además, brinda mayor seguridad, accesibilidad y transparencia a los documentos, y uniformiza a nivel nacional los procedimientos.
“La propiedad privada es un derecho que se garantiza desde la Constitución Política del Estado, este Decreto Supremo 5143 reconoce como principio el respeto a la propiedad privada; los únicos que tendrán acceso a la información son los propietarios. No se han modificado los procedimientos, por tanto, la gente puede estar tranquila, el derecho a la propiedad privada se garantiza en la Constitución y en el Decreto”, explicó la autoridad.