El MAS decidido a aprobar nuevos contratos mineros

Cuestionando que instancias legislativas cedan a las presiones de sectores mineros interesados en incrementar su actividad en distintos puntos del país, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, denunció que el “evismo” y el “arcismo” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) están decididos a aprobar nuevos contratos mineros carentes de estudios ambientales.
Desde sus redes sociales, la asambleísta representante del departamento de La Paz, reprochó que las dos alas enfrentadas en el oficialismo hayan demostrado tener interés en aprobar contratos mineros sin los debidos estudios ambientales, teniendo en cuenta que estas solicitudes ya fueron rechazadas en 2023 por las mismas observaciones.
Asimismo, calificó como “injustificable” que el propio titular del Senado, Andrónico Rodríguez, además del presidente de la Comisión de Economía, Miguel Pérez, cedan a las presiones del sector minero, priorizando intereses privados, ilegales y devastadores que sacrifican el bien común en temas indispensables como agua, salud y alimentación.
Señalando que la aprobación de estos contratos sería una acción nefasta para la salud, los ecosistemas y el agua, en plena crisis climática, Requena lamentó que se insista en promover la actividad minera en “zonas sensibles” sin contar con estudios establecidos por norma.
“Esta es una alerta sobre los intentos de aprobar 19 contratos mineros que, lamentablemente, incumplen normas fundamentales para el futuro de este país y para la vida misma. La Ley Minera indica que si se solicita un derecho minero en áreas sensibles como cabeceras de cuenca, cursos de agua, ríos, lagos, lagunas y vertientes, tiene que haber un estudio ambiental con enfoque multisectorial”, puntualizó.
En ese sentido, afirmó que las solicitudes en cuestión no solo carecen de estudios ambientales especializados, sino que incumplen plazos y hacen referencia a zonas cercanas a fuentes de agua, por lo que causa preocupación que se argumente una supuesta “falta de reglamentación” para acceder a derechos mineros.
“Eso nos ha dicho un minero en la sesión de la Comisión de Economía Plural que aprobó estas solicitudes sin hacer ningún análisis serio sobre la validez de los contratos en cuestión”, cuestionó Requena.
Agregó que, desde la Comisión de Medio Ambiente se elaborará un informe alternativo para denunciar todas las irregularidades en las gestiones para la aprobación de estos contratos, para así contar con un sustento fuerte en rechazo a estas concesiones mineras.
Para Requena, todas las faltas e ilegalidades en las que incurren los sectores interesados en ampliar la actividad minera en zonas sensibles, son suficientes para rechazar las solicitudes planteadas, sin embargo, es preocupante que constantemente el oficialismo demuestre estar de acuerdo en aprobar toda normativa relacionada a este tema.
“El ‘evismo’ y el ‘arcismo’ están decididos a aprobar estos contratos mineros porque ya nos han amenazado, nos han dicho que son apenas el inicio de hasta tres mil solicitudes de contratos mineros que pretenden ser aprobados con esta terrible y devastadora lógica”, sostuvo.
En ese contexto, también cuestionó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) demore desde 2014 en aprobar reglamentos críticos y contratos. “Al país le urge tener minería legal, obviamente enmarcada en la normativa correspondiente. Legalizar lo ilegal y devastador, como están haciendo, es nefasto para Bolivia”, concluyó.
Esta semana, la asambleísta de oposición advirtió a la población que, sin tomar en cuenta la Ley Minera, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Senadores, aprobó el proyecto de ley 036 que autoriza 19 contratos mineros en el norte de La Paz, pese a que las solicitudes de “derecho minero” incumplen normas.
Desde dicha Comisión se informó que se dio curso al informe del proyecto de ley 036, quedando pendiente su tratamiento en el pleno del Senado.
Aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de abril, el proyecto de ley fue observado en un inicio por el pleno del Senado, porque se interpretó que el plazo de 90 días para su debate, fijado por la Ley Minera, fue rebasado, por lo que fue devuelto a Diputados.
No obstante, la Cámara de Diputados precisó, en una nota, que el plazo de 90 días se computa desde el tratamiento en la Comisión, que empezó el 25 de enero de este año. Los contratos abarcan 358 cuadrículas en las provincias de Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz.