Presidente del Senado ratifica observaciones a Ley 348

Luego de la polémica desatada por sus observaciones a la Ley 348, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez expresó su preocupación por una “interpretación desequilibrada” de la norma, planteando la necesidad urgente de revisar su contenido, por tratarse de un avance significativo que no ha logrado cumplir sus objetivos en once años de vigencia.
En conferencia de prensa, el titular del Senado enfatizó que hombres y mujeres son complementarios en la sociedad, y reiteró su compromiso con la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, rechazando cualquier interpretación que sugiera lo contrario.
“Ratifico mi firme posición, convicción y defensa de los derechos de las mujeres. Todos tenemos un miembro femenino y masculino en la familia, puede ser nuestro padre o hermano, nuestra madre o hermana. Yo no podría de ninguna manera estar en contra de la lucha histórica de las mujeres como algunos grupos están haciendo notar”, manifestó Rodríguez.
Puntualizando que la violencia no tiene género y se debe distinguir entre los actos y los actores, la autoridad legislativa instó a llamar las cosas por su nombre, “el que mata no es un hombre, es un asesino, es un feminicida. El que viola no es un hombre, es un violador, un delincuente, es un cobarde. La violencia no tiene género, separemos las cosas, no es posible que teniendo una Ley 348 existan miles de denuncias que no se hayan resuelto y existan decenas, cientos y miles de denuncias falsas”, afirmó.
Además, señaló la necesidad urgente de revisar integralmente la Ley 348, que, si bien representa un avance significativo, no ha logrado cumplir sus objetivos tras once años de vigencia. Criticó la falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia, instando a un enfoque más integral que aborde las causas estructurales y culturales de este fenómeno.
“Hay que hacer una radiografía y una revisión integral de la Ley 348 es un gran avance, eso no lo vamos a desconocer. Hay que mejorar para avanzar, porque no está cumpliendo sus objetivos a once años de su vigencia ¿La ley está mal aplicada? ¿Los operadores de justicia están fallando? ¿Por qué se aplica la presunción de culpabilidad de manera directa o la ley es inconstitucional? Los principios básicos de la CPE son principio de igualdad jurídica y principio de inocencia, pero con una denuncia una mujer puede decir ‘este hombre me golpeó’ y este hombre golpeador va a la cárcel y tiene que estar uno o dos años hasta que demuestra su inocencia”, advirtió la autoridad.
En ese sentido, Rodríguez criticó al Estado y al sistema por aprobar leyes sin acompañarlas con políticas públicas. Llamó a la prevención de la violencia y a la educación desde la adolescencia como medidas necesarias para combatir la violencia estructural, cultural y transversal.
“El Estado falló, el sistema falló, estamos aprobando leyes sin acompañar con políticas públicas. Las viceministras que dicen ‘tenemos tantas denuncias, tantos feminicidas’, ¿vamos a hablar con discursos demagógicos o vamos a acompañar con políticas públicas para acompañar la prevención de la violencia? La violencia es estructural, cultural y transversal, con una Ley no se va a reducir la violencia cuando esta se produce desde la adolescencia. Me dirijo también al padre y madre de familia: eduquemos al niño de hoy para no castigar al hombre de mañana”, señaló.
Desde la oposición, la diputada potosina Lissa Claros, cuestionó a la autoridad por negar el resultado de la lucha de décadas en favor de los derechos de la mujer en el país.
“No se respeta una reivindicación que ha costado tanto a las mujeres. Se debe trabajar para que el Gobierno garantice los mecanismos de defensa para las mujeres”, indicó Claros.
Asimismo, exigió a Rodríguez trabajar en temas como la retardación de justicia, en lugar de emitir observaciones que van en contra de la defensa a los derechos de la mujer para vivir libre de violencia.
Por su parte, la senadora Andrea Barrientos, alertó que el proyecto de ley modificatorio a la ley 348, promovido por el MAS en el Senado, plantea eliminar la prohibición de revictimizar a la víctima por parte del Ministerio Público, establece que declaraciones de la víctima deben ser en cámara gessel y peritos deben estar presentes para dar validez a su relato, elimina la prohibición de requerir a la víctima los peritajes técnicos, establece que para los casos de violencia en razón de género la declaración de la víctima no constituyen prueba fundamental, por lo que se trata de una normativa con fines políticos, “deslegitimando la lucha de las mujeres”.