“La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractivista”, afirmó su cuenta X el relator de Naciones Unidas sobre el Medioambiente, David R. Boyd.
Los derechos humanos dependen de una acción rápida, agregó el funcionario, haciendo referencia a que esta situación no puede ser recurrente en el país.
Destacó la gravedad de la situación, enfatizando la urgencia de acciones concretas por parte del Estado boliviano.
Según datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos, la persecución a defensores del medioambiente, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, se ha intensificado en los últimos años.
Informes documentan casos de intimidación, criminalización e incluso violencia física contra aquellos que luchan por proteger sus territorios y recursos naturales de la explotación.
Muñoz, compartió una publicación donde se establece que el 2023 en Bolivia fue el tercer año consecutivo con récord de destrucción de bosque primario, causada por incendios y por la expansión agrícola.
Comentó que “continúa el desastre ambiental en Bolivia” y señaló que “el Gobierno debe proteger los ecosistemas bolivianos”.
En el mismo sentido, el activista Franco Albarracín comentó que en Bolivia se vive una crisis ambiental con incendios, extractivismo, contaminación y persecución a defensores ambientales.
La economía boliviana, fuertemente basada en la extracción de recursos naturales, ha generado tensiones entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente.
El modelo extractivista, aunque ha proporcionado ingresos al país, ha tenido un impacto devastador en los ecosistemas y las comunidades locales, exacerbando las desigualdades sociales y afectando la calidad de vida de miles de personas.
En este contexto, el relator de la ONU hizo un llamado urgente a las autoridades bolivianas para detener la persecución a los defensores ambientales y adoptar leyes que protejan eficazmente los derechos humanos y el medioambiente.
Subrayó que los derechos humanos no pueden ser sacrificados en aras del desarrollo económico y que la protección del medioambiente es fundamental para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Bolivia y ha instado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para abordar estos temas.
Se espera que las autoridades bolivianas respondan con prontitud y determinación, demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos y la preservación del medioambiente en el país.