La diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, denunció que secretarios de la Vicepresidencia y de algunos parlamentarios usurparon funciones legislativas, perjudicando el tratamiento de los proyectos de ley destinados a cesar de sus funciones a exmagistrados del Órgano Judicial, “autoprorrogados” inconstitucionalmente en sus cargos.
“La Cámara de Diputados no perdió competencia. Todas las instancias se están lavando las manos y no asumen su rol para hacer el tratamiento del proyecto de ley 073 y 075. Se cartean y se pasan la bola unos a otros”, expresó la diputada.
La alusión se dio luego de conocer los antecedentes que llegaron a empantanar el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, que debían ser considerados inmediatamente después de la aprobación de préstamos internacionales que solicitó el Ejecutivo, tal como fue el acuerdo firmado por la denominada Comisión Bicameral hace un mes.
Álvarez remarcó que pese a ser parte de la Directiva, como cuarta secretaria, no tuvo acceso a esa información que recién fue citada esta semana, por la presidenta en ejercicio de Diputados, Verónica Challco.
“Primero se aseguraron de aprobar los préstamos y ahora traban las leyes que deberían cesar a los autoprorrogados. Eso demuestra que el acuerdo político que firmaron los oficialistas con algunos opositores funcionales, que yo no firmé ni estuve de acuerdo, solo sirvió para beneficiar la deuda del Gobierno y a los usurpadores del Órgano Judicial”, agregó.
La diputada sugirió que aquellos opositores que en su momento dijeron que “pusieron pecho a las balas” para firmar ese acuerdo, “vayan e instalen huelga de hambre en el despacho del vicepresidente David Choquehuanca”, para exigir que convoque a sesión plenaria y se ponga fin a la crisis en el sistema de justicia, que también está arrastrando al Órgano Legislativo.
Según Álvarez, al menos tres funcionarios cruzaron cartas en representación del vicepresidente David Choquehuanca y el presidente de Diputados, Israel Huaytari, remitiendo o solicitando informes, sin llegar a una solución para los proyectos “antiprórroga”, 073 y 075.
La última carta fue remitida por el secretario general de la Cámara de Diputados, Manuel Alejandro Córdova Olivares, al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, en la que remarca que a solicitud del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se invocó que la Cámara Baja perdió competencia para tratar ambos proyectos, y adjunta una nota de la Comisión de Constitución.
La referida nota data del 27 de febrero y fue remitida por el presidente de dicha comisión, el diputado oficialista Juan José Jáuregui, al titular de Diputados, Israel Huaytari, explicando que en la sesión de comisión del 21 de diciembre de 2023 se rechazó el PL 073 y PL 075, por tanto, esa instancia como Cámara revisora “se ha pronunciado” sobre dicho proyecto ley.
El 26 de febrero, Córdova Olivares mandó una carta a Jáuregui, adjuntando la solicitud de informe de la Vicepresidencia sobre los proyectos de ley 073 y 075, que firmó esa fecha el secretario general a.i. de la Vicepresidencia.
Esa misma fecha salió la carta de Rodríguez Téllez a Huaytari, “por instrucciones del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, jilata David Choquehuanca Céspedes”, en la que adjunta la solicitud del presidente del Senado para que los proyectos sean considerados en plenaria de la Asamblea.
Andrónico Rodríguez pidió el 19 de febrero que Choquehuanca considere el tratamiento de ese proyecto, recordando que el Senado aprobó la norma en ambas estaciones en fecha 18 de diciembre de 2023 y que, según la CPE en su artículo 163, existe un plazo de 30 días para que la Cámara revisora se pronuncie, acto que feneció el 15 de febrero de este año.