Tras conocerse que los casos de feminicidio e infanticidio crecen a niveles preocupantes, las sentencias relacionadas con violencia intrafamiliar y violencia doméstica, que son una antesala a estos delitos, necesitan ampliarse y ser reformadas, dada la facilidad con la que la ley actual permite a los agresores obtener suspensión condicional de la pena y reducción de las mismas, según observaron abogados penalistas.
En contacto con EL DIARIO, los abogados especialistas en Derecho Penal, Carlos Moscoso García y Porfirio Machado Gisbert, coinciden en que la ley referente a la violencia intrafamiliar “necesita una ampliación y una reforma profunda”, pues actualmente muchos agresores evitan cumplir su sentencia mediante figuras como el proceso abreviado y la conciliación.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, la Fiscalía registró más de 39.000 denuncias de violencia familiar en 2023, constituyéndose como el delito más denunciado en Bolivia. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ocupan los primeros lugares.
Para Machado, es menester modificar y endurar las sentencias en relación a la violencia familiar ya que solo tienen una pena máxima de cuatro años, a diferencia del feminicidio e infanticidio que tienen como sentencia 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Según explicó el jurista, no se puede establecer una medida cautelar en denuncias de violencia familiar porque el quantum de la pena es menor a cinco años, lo mínimo estipulado por ley para poder dictarla.
“¿Qué es lo que hace la mayoría de los agresores? Van a un proceso abreviado y obtienen una sanción de dos a tres años. Entonces, de acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Penal (la Ley 1970), se da la suspensión condicional de la pena”, explica Moscoso.
Las alternativas propuestas por el profesional son promulgar una ley “más específica” o mejorar la existente (la 348, Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia)”, pues considera que esta legislación está “poco socializada”.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
Moscoso no está de acuerdo en que un agresor pueda solicitar un proceso abreviado ya que esto le impedirá cumplir una sentencia y podrá reincidir en sus hechos violentos.
“Si vas a proceso abreviado y admites que has cometido (el delito) no vas a entrar ni siquiera en reclusión, vas a salir y vas a volver a cometer actos de violencia porque lamentablemente es así nuestro sistema penal”, lamentó.
Como ejemplo para mostrar la necesidad de reformular esta parte de la legislación, el abogado Porfirio Machado afirmó que las sentencias por violencia familiar “son parecidas” a las de homicidio en accidente de tránsito, en la que el sujeto acusado puede someterse a un proceso abreviado y obtener solo dos años de reclusión.
En este sentido, el jurista afirmó que se debería trabajar en establecer una pena única para este delito en vez de contar con dos y cuatro años como mínima y máxima.
REPENSAR LA POLÍTICA CRIMINAL
Por su parte, Moscoso planteó que las penas por delitos de violencia familiar se amplíen a un rango de entre cinco a diez años de reclusión para mayor escarmiento. Asimismo, manifestó que la conciliación debería eliminarse, ya que son otra forma de que un agresor reincidente pueda salir de prisión en poco tiempo.
Asimismo, el abogado expresó que los casos de violencia familiar son poco denunciados por las parejas ya que “se habitúan a vivir controladas, les revisan el celular, se les controla dónde están y qué hacen y lo ven como algo normal”, reflexionó.
Machado y Moscoso afirmaron a EL DIARIO que deberían crearse más políticas criminales y sociales para clasificar mejor a los criminales con perfiles marcados y para que la sociedad, en su conjunto, no vea estas actitudes violentas como normales.
Carlos Moscoso García es abogado especialista en Derecho Penal, quien brinda asesoramiento legal y contenido informativo a través de su cuenta en la plataforma TikTok. Porfirio Machado Gisbert es abogado penalista y docente universitario, quien además obtuvo el título de Honoris Causa en octubre de 2023.
