Luego que autoridades descartaran el traslado del gobernador cruceño, Fernando Camacho, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para su audiencia de juicio oral por el caso «decretazo», los legisladores de oposición condenaron una supuesta injerencia del Gobierno en este proceso y señalan que estas acciones confirman la crisis de justicia por la que atraviesa el país.
Ayer, señalando que no existen garantías para la seguridad de la autoridad electa, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó el traslado de Camacho a la ciudad de Santa Cruz.
Previamente, la viceministra Transparencia, Susana Ríos, había señalado que el juzgado encargado del caso incurrió en vicios procesales, que deben ser corregidos antes de seguir con el juicio. Asimismo, explicó que no se notificó a todas las partes interesadas.
«Antes de hablar de cualquier traslado, se debe hablar del saneamiento procesal», sostuvo la autoridad.
Tras estas aseveraciones, la diputada por la agrupación Creemos, Khaline Moreno, calificó las intervenciones como una injerencia del Gobierno para dilatar aún más el proceso que se sigue contra la primera autoridad electa del departamento de Santa Cruz, cuestionando que el poder pase por alto el cumplimiento de resoluciones judiciales que tiene carácter de cumplimiento obligatorio.
«Hay una disposición judicial que debe cumplirse, caso contrario solo se estaría demostrando la profundización de la crisis antidemócratica en el país», sostuvo.
Ayer, Camacho debía haber sido trasladado a la ciudad de Santa Cruz para asistir a una audiencia de juicio por el caso «decretazo», proceso en el que se le acusa por la emisión del Decreto 373, con el que se trató de evitar que el vicegobernador, Mario Aguilera, asuma funciones bajo la figura de la «suplencia temporal».