El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México sigue teniendo lagunas casi una década después de su creación, en la medida en que ocho informadores inscritos en este programa murieron asesinados en este tiempo, según un informe de Amnistía Internacional y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que apelan a la responsabilidad de las autoridades mexicanas.
Consideran que hay una necesidad «urgente» de reforzar y reformar la institución federal, algo que expusieron en el informe ‘Nadie garantiza mi seguridad’, habida cuenta de que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 141 asesinatos este siglo, 61 directamente relacionados con el trabajo de las víctimas. A ello se suman los casos de desaparición, amenazas y abusos, atribuidos tanto a grupos armados como a funcionarios públicos.
El Mecanismo tenía en noviembre del año pasado 651 periodistas inscritos, pero casi todos los consultados por las ONG admitieron que siguen sufriendo situaciones de inseguridad y, además, este instituto acumula decenas de rechazos. De hecho, el número de solicitudes descartadas pasó de una en 2020 a 49 tanto en 2022 como en los primeros once meses de 2023, según el informe.
El representante del CPJ en México, Jan-Albert Hootsen, recalcó que el Mecanismo de Protección, «sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas», pero advirtió de que «sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias».
Así, cree que «llegó la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones en materia de libertad de prensa», después de «cinco años de incesante derramamiento de sangre y de impunidad corrosiva».
En esta línea, la directora de Amnistía en México, Edith Olivares Ferreto, señaló que hay asesinatos que podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas con más rapidez y determinación para protegerlos.
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De hecho, citan los casos de Gustavo Sánchez Cabrera y Rubén Pat Cauich, asesinados pese a tener protección del Mecanismo, y el de Alberto Amaro Jordán, que tras se sintió «ignorado» porque no se tomaban en serio las amenazas contra él. «Piensan que les estás mintiendo», cuenta este informador, amenazado por sus investigaciones sobre política, delincuencia y corrupción en el estado de Tlaxcala.
El CPJ y Amnistía propusieron un aumento de la financiación para el Mecanismo y formación adecuada a sus trabajadores, una revisión de los protocolos de evaluación de riesgo y una perspectiva de género de los 651 periodistas inscritos, sólo 182 eran mujeres. (Europa Press)