César Apaza vio indignado las últimas noticias de avasallamiento en Pailitas, Guarayos, donde grupos armados toman posesión ilegal de tierras entre amenazas de muerte, ellos están libres e impunes. Paradójicamente, el líder cocalero está detenido hace 15 meses, por defender el cumplimiento de la Ley General de la Coca. Sonríe con un dejo de ironía: “es una mentira que seamos iguales ante la ley”.
La decepción se apodera del líder cocalero, ha perdido la esperanza en sus compañeros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la justicia, en la fiscalía, pero aún mantiene su fe. Cree que el “poder no es eterno” y que todo lo que se hace se paga a propósito de la “crueldad” y el “daño” que le causaron durante estos 15 meses de detención por una “venganza política”.
En contra de él hay dos procesos de investigación. En septiembre de 2022, fue detenido por la presunta autoría en la quema del mercado ilegal de Villa el Carmen, fue imputado por 13 delitos; la fase preparatoria se ha extendido por un año y continúa detenido en la cárcel de San Pedro.
César Apaza junto a otros dirigentes lideró las movilizaciones en defensa del mercado de Villa Fátima y el cierre del centro de Villa El Carmen. Defendió la Ley General de la Coca que prevé el funcionamiento solo de dos mercados: uno en Sacaba, Cochabamba, y otro, en Adepcoca en la zona de Villa Fátima, La Paz.
Desde que fue enviado a la cárcel su salud se deterioró. Presenta hipertensión, este año sufrió una embolia y aún tiene problemas de movilidad, el ojo derecho lo tiene casi cerrado, poco a poco empieza a recuperar la sensibilidad de su brazo, al igual que de su pierna. En esas condiciones no se vale por sí solo, sino con la ayuda de un compañero.
Postrado en su cama siente que su lucha solo ha servido para “perjudicar” y causar llanto a su familia, particularmente a su madre, a su hermana y a todo su entorno. “Quiero salir con vida y no en una caja por mi mamá, mi familia”, dice acongojado.
Ni siquiera su delicado estado de salud fue considerado por las autoridades jurisdiccionales a quienes se les solicitó que asuma su defensa en libertad.
La fiscalía cargó con al menos 13 delitos contra Apaza, entre ellos secuestro, incendio, tenencia porte o portación ilícita de armas, incendio, lesiones graves y leves, atentados contra bienes públicos, entre otros.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert, al igual que Apaza sonríe, cuando la ANF le consulta sobre si existe el principio de: “somos iguales ante la ley. Es un slogan, es una propaganda, hace tiempo se ha perdido”, sentencia.
APOYO POLÍTICO AL MERCADO ILEGAL
Arnold Alanes que se arrogaba la representatividad y la presidencia de Adepcoca, en medio de cuestionamientos, se convirtió en la pieza “clave” para ir socavando la unidad de la organización cocalera de los Yungas de La Paz, que desde la época de Evo Morales había sido crítica al gobierno.
La mayor expresión de este hecho fue el 21 de septiembre de 2021, cuando Alanes apareció flanqueado por dos altas autoridades del Ejecutivo: los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras, Eduardo Del Castillo y Remmy Gonzales, respectivamente. Así le dieron el espaldarazo político.
“Como Gobierno nacional no podemos cuestionar lo que han determinado las bases de manera orgánica, por tanto, aquellos grupos minoritarios que tengan la osadía de lanzar dinamita o de agredir a las personas en inmediaciones de este lugar se procederá conforme a la normativa legal vigente”, advirtió Del Castillo.
El idilio no duró mucho, el Gobierno tras lograr su objetivo se distanció de Alanes quien reapareció en las filas de los denominados “evistas”, desde donde criticó al Ministro de Gobierno por darse la mano con los dirigentes que todavía quedaron del directorio de Freddy Machicado. Detenido y liberado en proceso abreviado.
La marcha que llegó desde los Yungas ese 8 de septiembre de 2022 fue multitudinaria, un cerco policial fue rebasado, mientras que desde el interior del mercado ilegal los cocaleros del grupo de Alanes arrojaron objetos y bombas molotov. La ANF vio cada uno de los videos con los que imputaron a Apaza y Machicado, en los que no se evidencia las pruebas de sus delitos.
“Arnold Alanes nos ha entregado (estos explosivos) para atacar a otros compañeros (cocaleros). (La orden era) resistir. Van a resistir hasta que ayude la Policía, van a usar estas cosas (explosivos) para defenderse, nos ha dicho”, dijo uno de los ocupantes en uno de los videos que el propio fiscal presentó en septiembre de 2022.
Pero Alanes ni siquiera fue convocado a declarar, sostuvo la abogada Cossío, quien señaló que existe una pericia testifical de una persona que reveló quién dio la orden para incendiar el mercado, y que apunta a Alanes.
EL PRIVILEGIO DE LA IMPUNIDAD
“Para mí que estoy encerrado es una indignación”, reflexiona brevemente Apaza al referirse a las noticias de avasallamiento de tierras de grupos armados en Guarayos en el departamento de Santa Cruz. Un joven muerto con disparo, heridos con perdigones y la inacción de las autoridades para frenar los frecuentes actos de violencia, uno de los últimos ocurrió a inicios de este mes de diciembre.
La violencia por tierras fiscales y/o privadas en Santa Cruz, no es reciente. El antecedente de impunidad es el caso Las Londras cuando 20 personas (tres lograron escapar), entre ellas periodistas, fueron emboscadas, secuestradas durante horas y amenazadas de muerte con arma de fuego.
A diferencia de Apaza a quien cargaron con al menos 13 delitos, a los encapuchados armados, el Ministerio Público los acusó de seis delitos, uno de ellos homicidio en grado de tentativa; mientras que la defensa de los periodistas en su acusación particular planteó tentativa de asesinato.
El 8 de diciembre de 2022, la fiscalía presentó la acusación formal contra cinco implicados: Nelson Rivadeneira Escalante, Paulino Camacho Vedia, Hebert Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenazas. (ANF)