La crisis política en Bolivia de 2019 culminó con la protesta y la insurgencia ciudadana contra el gobierno de Evo Morales, acusado de megafraude electoral, quien al verse descubierto escapa hacia México, dejando un vacío de poder.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe manifiesta que la Policía y las Fuerzas Armadas, usaron la fuerza de modo excesivo y promovieron y protagonizaron actos de violencia, ataques a personas y bienes públicos y privados, dejando desprotegida a la ciudadanía, por lo que grupos destruyeron bienes públicos y privados. Además, informaron que el gobierno solo cumplió 4 de 36 recomendaciones: 1) La creación del mecanismo internacional de la mesa de seguimiento. 2) El plan de reparaciones. 3) Un foro sobre racismo y perspectiva de género. 4) Avance para dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía sobre violaciones graves a los derechos humanos. Y en cuatro años hubo un “escaso avance”
Entre los procesos judiciales que emanaron de los hechos de 2019, existen detenidos porque intentaron hacer volar la planta de Senkata y en Sacaba hubo manifestantes muertos. Sin embargo, existen otros procesos cuyo avance lento fue cuestionado por las víctimas, como los relacionados con muertes en Montero, la quema de buses PumaKatari y las quemas de las viviendas del ex defensor Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema.
Lamentablemente, no informaron que Evo Morales instruyó que bloqueen los caminos, ordenando que no ingresen alimentos a las ciudades, ni tubos de oxígeno para personas que se encontraban en terapia intensiva. Por ello murieron más de 30 personas y los culpables están impunes, porque la administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el “proceso de cambio”.
Cuando no hay investigaciones sobre la violación de derechos, para determinar responsabilidades, existe IMPUNIDAD, que se contrapone a la verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad y su salud. La reiteración de los crímenes afecta la legitimidad del Estado de derecho. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la existencia de serias deficiencias por parte del Estado boliviano, en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.
En 2017, el implacable juez Sergio Moro condenó al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de la constructora OAS. Moro llegará a Bolivia el próximo año con una comisión de senadores brasileños para verificar los “indicios de que el país tiene presos políticos”, hecho que provocaría la suspensión de Bolivia como Estado parte del Mercosur, tal como le ocurrió a Venezuela en 2017. Mencionó que tiene información sobre que hay presos políticos en Bolivia, como la expresidenta Jeanine Añez, que asumió el poder cuando Morales huyó de Bolivia y nadie quería asumir tal responsabilidad. Añez es reconocida como presa política por el Parlamento Europeo, por el Departamento de Estado Norteamericano y por el grupo Libertad y Democracia.
La Comisión del Senado de Brasil el 23 de noviembre aprobó el proyecto de ley para que Bolivia pueda ser miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), sin embargo, crearán una comisión para que verifique “in situ” la situación de los presos políticos, como Añez, Camacho, Apaza y otros 200.
Los países firmantes se comprometen a defender y preservar la Democracia como un valor fundamental en el Mercosur, por lo que se establece la posibilidad de realizar consultas entre los Estados miembros y tomar acciones conjuntas, si son identificadas situaciones que amenacen la democracia en un país asociado, suspendiendo temporalmente sus derechos dentro de esa organización internacional.
Para no quedar fuera de Mercosur, Bolivia debe permitir que los presos políticos se defiendan en libertad y garantizar el Debido Proceso, como manda la Norma Suprema.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.