Indiferencia oficial ante la grave sequía

La intensa sequía que asola los campos y amenaza a las ciudades de la región andina del país no es una cosa nueva, pues ya se estaba presentando con creciente fuerza desde hace cinco años, cuando algunas autoridades tuvieron que adoptar algunas medidas que, sin embargo, no fueron suficientemente eficaces para enfrentar el problema.
Actualmente ese meteoro ha llegado a un elevado nivel y ha secado los campos agrícolas, han sido suspendidas las siembras de temporada y amenazan a la población la escasez y el aumento de precios de los alimentos, sin que los funcionarios del Estado Plurinacional anuncien medidas estructurales –no paliativos– que sirvan para enfrentar días de angustia de una población que, en la región andina, gira en alrededor de cinco millones de personas.
El Estado tiene la obligación no solo de combatir la sequía, sino también de preverla, así como adoptar las disposiciones necesarias para reducir los efectos de esa calamidad de la naturaleza. Así mismo, es su deber instruir a los pobladores, para que en caso necesario puedan hacer frente a los efectos del mal, que no solamente consisten en la falta de agua, sino que pueden derivar en caída de las defensas orgánicas de todas las clases sociales.
Al respecto, se debe recordar que el actual territorio que ocupa la región andina de Bolivia, fue víctima de sucesivas sequias, entre las cuales las más graves fueron las de los años 1800 y 1879, que llegaron acompañadas de hambruna, cientos de muertos, enfermedades, epidemias y hasta profundas derivaciones políticas.
La sequía que ahora sufre el país está concentrada en la región de altiplano y valles y sus alcances son menores en la región norte del oriente, donde no está afectando a la ganadería, como en la zona del Chaco, sin que las autoridades responsables hubieran hecho conocer iniciativas con eficiencia y rapidez, ya que tienen la esperanza de que la temporada de lluvias recién se presentará, para aliviar la crítica situación que peligrosamente se perfila en el horizonte.
Pero, ante todo, lo que los funcionarios responsables del Estado Plurinacional deben hacer es encontrar las causas que originan la sequía actual que, entre otras, se debe a la política agraria del gobierno, establecida en la Constitución Política, y en la Ley INRA de reorientación comunitaria de la reforma agraria, sin cuya anulación el problema podrá llegar a niveles catastróficos. Son, pues, notorias la indiferencia, la ineficiencia y la irresponsabilidad de varios ministerios del gobierno plurinacional, relacionados con este grave estado de cosas.