La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad ha alertado de que apenas un 10 por ciento de los líderes sociales que solicitan medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) finalmente reciben esa protección y en la mayoría de los casos con medios escasos.
Entre 2019 y 2022 se presentaron 114.703 solicitudes de medidas de protección por personas y comunidades ante la UNP. Sin embargo, sólo 39.299 casos fueron evaluados y, de éstos, se asignaron medidas a 10.459. Es decir, se concedieron medidas de protección en el 9,1 por ciento de las solicitudes y en el 26,6 por ciento de las peticiones evaluadas, según recoge la emisora colombiana W Radio.
«Esto se debe a que la mayoría de las solicitudes no cumplen con los requisitos exigidos; en especial, la acreditación de pertenencia a uno de los grupos poblacionales que pueden ser beneficiarios de protección individual o colectiva», alegó la UNP.
Además, la Contraloría destaca la enorme diferencia presupuestaria con respecto a los recursos destinados a la protección de congresistas. Así, entre 2021 y 2022 se destinaron de media 374 millones de pesos (más de 85.800 de euros) anuales, mientras que a los líderes sociales se destinaron 124,5 millones de pesos (28,5 millones de euros) por año y a las comunidades indígenas y afrocolombianas, 103 millones de pesos (23,6 millones de euros) anuales.
El estudio destaca igualmente que a congresistas y ministros se destinan vehículos blindados y escoltas –medidas «duras»– y a los defensores o líderes sociales, equipos de comunicación y chaleco antibala –medidas «blandas»–.
La Contraloría concluye así que las acciones de la UNP y el Ministerio del Interior no han mejorado los niveles de seguridad de los defensores y líderes sociales. (Europa Press)