La diputada María René Álvarez, durante su intervención en el acto de interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el caso de los autos robados en Chile que eran comercializados en Bolivia, reveló que uno de los implicados en esos hechos fue liberado de culpa y ahora busca un ascenso de teniente coronel a coronel.
“Verificamos que el Tcnl. Raúl Cabezas Pantoja está libre, sin ningún reparo y se encuentra usando el uniforme policial en su nuevo destino de la Estación Policial Integral de Villa Tunari en la ciudad de El Alto, donde además pide la restitución de sus derechos; es decir, pide que se lo convoque para ascender al grado de coronel”, dijo la diputada.
Durante su intervención en la interpelación, Álvarez cuestionó la labor del funcionario del Ejecutivo, que se hizo presente en la Asamblea Legislativa, luego de más de un año del escándalo que implicó a efectivos policiales en posesión o venta de vehículos robados en el vecino país.
Dentro de aquel hecho se implicó al Tcnl. Raúl Cabezas Pantoja, quien tenía en su poder una vagoneta en su domicilio particular en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al ser descubierto por el Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, el entonces jefe de la Policía Fronteriza de Uyuni dejó el motorizado en una calle, con la puerta abierta y las llaves dentro, para que los ciudadanos chilenos procedan a la recuperación del vehículo.
Por ese hecho, Cabezas fue remitido a proceso interno y luego ante la justicia ordinaria, siendo remitido al penal de Palmasola por tres meses por decisión de la Sala Penal Tercera de Santa Cruz.
Sin embargo, en abril de 2023 el efectivo fue sobreseído de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, entre otras figuras, pero el proceso interno quedó pendiente de resolución en el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional.
En ese marco, Álvarez también informó que la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), María Daniela Arispe, presentó un memorial de apersonamiento ante la instancia disciplinaria policial para abogar por la supuesta «vulneración de derechos humanos» de Cabezas.