Tras la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la que la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) salvó a la autoridad de la censura, legisladores de oposición cuestionaron que esta determinación sea el resultado de componendas, corrupción y prebenda al interior del oficialismo.
Para el diputado por Creemos, Erwin Bazán, es cuestionable que los descargos de la autoridad a las 19 preguntas de la interpelación hayan sido respondidos con videos en los que se forzó una supuesta verdad para liberar a la Policía Boliviana de su responsabilidad por el desproporcionado uso de la fuerza.
En este sentido, señaló que Del Castillo no fue censurado por el MAS, como resultado de las componendas de corrupción, poder y prebenda al interior del oficialismo para sostenerse en el Gobierno, sin importar la vida de la población.
«No esperamos que los informes de la Policía Boliviana que citó permanentemente el Ministro revele los abusos policiales, es evidente que no se van a incriminarse (…) qué crédito puede tener un ministro que cuando habla no es capaz de articular tres palabras sin poner una de odio y de división», sostuvo Bazán.
El parlamentario señaló, además, que Santa Cruz es «la piedra en el zapato» del Gobierno para instalar una dictadura.
Desde Comunidad Ciudadana, la diputada Lisa Claros, afirmó que el respaldo de la bancada oficialista hacia la cuestionada autoridad se constituye en una traición a la población que fue afectada por la represión durante los días de paro en Santa Cruz.
El martes, Del Castillo nuevamente fue liberado de responsabilidad por la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) por los hechos durante el paro cívico en demanda del Censo Nacional de Población y Vivienda en octubre de 2022.
Durante su interpelación, el ministro de Estado detalló que en esa oportunidad se trasladaron 551 policías al departamento en conflicto y se destinó 605.000 bolivianos para su alimentación, así mismo, señaló que el paro de 36 días fue un «error político» de la dirigencia cívica cruceña.