Argentina rompe pacto con Reino Unido sobre Malvinas

El Gobierno de Argentina puso fin a un pacto suscrito en 2016 con el Ejecutivo de Reino Unido para alentar el desarrollo económico y la explotación de las islas Malvinas y de las zonas aledañas, con vistas a retomar a corto plazo las negociaciones bilaterales por la soberanía del archipiélago.
El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, notificó en persona a su homólogo británico, James Cleverly, la ruptura del conocido ‘Pacto Foradori-Duncan’, que por parte argentina fue suscrito en la etapa del presidente Mauricio Macri.
“El Gobierno argentino propuso retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía y para ello impulsa una reunión en la sede de ONU en Nueva York”, anunció Cafiero en Twitter, tras reunirse con Cleverly en los márgenes de la cumbre del G-20 en India.
Cafiero puso sobre la mesa una agenda de temas que, como mínimo, deben formar parte de una futura negociación, con la que Buenos Aires dice estar cumpliendo sendos mandatos de la Asamblea General de la ONU y del Comité de Descolonización.
Para el actual Gobierno de Argentina, la cuestión Malvinas pasa por ser una política de Estado, según el ministro, que abogó por honrar el compromiso adquirido por el actual presidente, Alberto Fernández, para relanzar el proceso.
La disputa por la soberanía del archipiélago se remonta al siglo XIX e implicó en 1982 una guerra directa entre los dos países. Buenos Aires se mostró tradicionalmente en contra de cualquier gesto hacia Londres, por lo que el pacto de 2016 era visto con especial recelo principalmente en la izquierda política.
El Ministerio cree que dicho texto realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, según fuentes del Gobierno citadas por la agencia Télam que denunciaron que el acuerdo abría la puerta a la explotación ilegal de pesca o de recursos minerales.
Asimismo, el actual Ejecutivo criticó que en su día el ‘Pacto Foradori-Duncan’ pasase por un simple comunicado conjunto y no como un acuerdo internacional, lo que habría conllevado someterlo a votación en el Congreso. (Infobae).