En audiencia con la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en fecha 3 de febrero de 2023, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) aseguró que a la fecha son 29 militares que se encuentran procesados por hechos de 2019, sin haberles permitido acudir a la justicia militar como ordena la Constitución Política del Estado (CPE) según documentación a la que EL DIARIO tuvo acceso.
El Conade recordó que si bien el fuero militar no se aplica en caso de delitos de lesa humanidad, las fuerzas uniformadas hicieron uso proporcional de la fuerza contra manifestantes que poseían armas de fuego, dinamitas y otras durante los sucesos de noviembre de 2019, cuando se produjeron alrededor de 20 muertes principalmente en las localidades de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Otras acciones represivas y muertes fueron ocasionados por funcionarios o manifestantes afines al Movimiento al Socialismo (MAS), antes de la renuncia de Evo Morales.
El informe apunta que tras la llegada del presidente Luis Arce al poder, a los militares bolivianos se les negó sistemáticamente el derecho acudir a la Justicia Militar, claramente establecida en la Constitución y que, en su artículo 1 dice que “juzga los delitos cometidos por militares en actos de servicio o fuera de ellos”.
La salida del país de los comandantes militares que estuvieron a cargo de las acciones de noviembre de 2019, además de los ministros de Defensa y de Gobierno de esa época, afecta el derecho de defensa de los oficiales que tenían rangos menores en 2019.
Se desconoce a la fecha, a más de tres años de los sucesos, si existe algún requerimiento gubernamental para la activación de algún tipo de intento de captura internacional.
Mientras tanto, 29 militares están en presidio por los hechos de 2019, todos con “prisión preventiva”.
“Esta prisión preventiva no solo es un atentado a la justicia, deja en indefensión económica a las familias, no permite una defensa adecuada del acusado y es manejada en forma imprevisible. No se toma en cuenta que las instituciones militares son eminentemente no deliberantes, y por lo tanto existe una cadena de mando que da órdenes”, señala el informe.
EXCOMANDANTE DEL EJÉRCITO
Uno de los casos que hizo referencia el Conade fue el del excomandante del Ejército, Jorge Mendieta que el 12 de marzo del año 2021, tenía una orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración y sedición.
Eludiendo la presunción de inocencia se ordenó directamente su detención sin haberle notificado ni escuchado previamente.
“En la misma audiencia, la defensa del general presentó las pruebas respaldatorias de “arraigo natural” como ser: certificados de nacimiento de cada hijo, certificado escolar, certificado de estudiante universitario, propiedad de una vivienda y el pago de impuestos. El imputado entregó su pasaporte para demostrar que no buscaría salir del país. Finalmente el juez puso como una de las razones de su detención preventiva que el General tiene una cédula de identidad, y que con ella también se puede salir al exterior”, señala el informe.
Las autoridades también decidieron congelar su salario de funcionario público, dejando a su familia en una situación precaria. A la fecha le niegan la atención médica arriesgando su salud.
El día 22 de septiembre del 2021 se abrió una nueva imputación formal, referida a “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, dividiendo la causa en dos juzgados, para prolongar más al proceso.
El general Mendieta fue condenado a tres años de prisión por el caso “golpe 2” por el delito de “haber autorizado el aterrizaje de un helicóptero”, en el que supuestamente se transportaba personal que luego cometió acciones represivas.
Como el general, Mendieta es imputado de otros delitos, no obtendrá su liberación cuando termine la primera sentencia de tres años.
DETENIDO SIN NOTIFICACIÓN
Otro de los casos resaltados por el Conade es del teniente coronel Santiesteban. Los delitos que se investigaron inicialmente contra el uniformado fueron los de asesinato y tentativa de asesinato con relación a muerte de personas en cercanías de la zona Senkata en alrededores de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de la ciudad de El Alto.
En el año 2019, el Tcnl. Santiesteban se encontraba destinado en el Regimiento de Satinadores de la localidad de Challapata, como Segundo Comandante. Recibió la orden de su comandante, el Tcnl. Wilson Lupa Bernal, para movilizarse a la planta de Senkata con el fin de prestar resguardo perimetral ante la amenaza de los movilizados de tomar la planta, a la que amenazaban con dinamitas y otros explosivos.
Tras sus tareas de resguardo de la planta, el Tcnl. Santiesteban retornó a su regimiento con la misma cantidad de armamento y munición que les fue asignada cuando salió de él, constatando así que no se disparó un sólo proyectil del personal a su cargo.
En fecha 5 de octubre de 2022, el Tcnl. Santiesteban, destinado en la Novena División del Chapare, fue detenido por personal policial, sin notificarlo con documento alguno.
Inmediatamente fue trasladado a la ciudad de La Paz y es en el camino que uno de los efectivos policiales le hace entrega de la orden de aprehensión.
PROCESADO AUNQUE NO TENÍA EL MANDO
Otro caso es del general de la Fuerza Aérea Pablo Guerra Camacho, quien fue detenido en primera instancia por los sucesos de Senkata, en La Paz el 23 de julio del 2021. Se le dieron seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
El general Guerra no tuvo mando en lo absoluto sobre las fuerzas militares y policiales en los hechos acaecidos en la planta de Senkata. Los operativos estaban bajo el mando operativo de sus respectivos comandantes y dependían del Comandante en Jefe de las FFAA (Gral. Orellana).
El Gral. Guerra, de acuerdo a la Ley Orgánica de los Fuerzas
Armadas (LOFA 1405) en sus diferentes capítulos, secciones y artículos, no tuvo mando directo sobre el personal militar que operó ese día.
El Gral. Guerra fue imputado después por las muertes en Huayllani, pese a que esos sucesos se registraron antes de que fuera posesionado como Jefe del Estado Mayor General de las FFAA. Hasta entonces, el Gral. Guerra se desempeñaba como rector de la Universidad Militar “Mcal. Bernardino Bilbao Rioja”, un cargo netamente académico.
A LA CÁRCEL POR CUMPLIR SUS FUNCIONES
Otro caso es el del coronel Pinaya quien estuvo encargado de viajar a la República del Ecuador para recoger un contingente de gases lacrimógenos prestados por el gobierno de ese país al de Jeanine Añez.
El gobierno del presidente Arce hizo una acusación inverosímil, señalando que ese préstamo de granadas lacrimógenas como si se tratara de un “tráfico ilícito de armas”.
La defensa ha recordado a los fiscales que la munición antidisturbios no puede ser considerada un arma de guerra y que el coronel Pinaya entregó los cargamentos a sus superiores, sin realizar un “tráfico” con ellos y, obviamente, sin beneficiarse económicamente con su transporte.