Dos personas que se acogieron a un proceso abreviado por los destrozos en la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz fueron sentenciadas a cuatro años de privación de libertad, en tanto otros cinco imputados fueron enviados con detención domiciliaria Otros 10 imputados por la quema de sede campesina también fueron liberados.
Edwin B. P. y Enoc L. C., fueron acusados por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y robo agravado. Ambos deberán cumplir la pena de cuatro años en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
Los dos acusados fueron aprehendidos el sábado, después que el viernes se registrara fuertes enfrentamientos en la avenida Irala y calles aledañas, entre afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y bloqueadores que pedían la realización del censo el año 2023.
Informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), refieren que ambos sujetos supuestamente fueron capturadas tras ser identificadas por las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Se les secuestró un televisor, una silla, un casco y otros elementos, que presuntamente fueron sacados de la COD.
“Informamos al pueblo boliviano de la aprehensión de dos nuevos sujetos involucrados en el saqueo de la COD en las lamentables jornadas violentas de ayer (viernes) en Santa Cruz. Se recuperaron varios objetos robados”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el sábado pasado.
MEDIDAS SUSTITUTIVAS
Por otro lado, las otras cinco personas imputadas por el hecho deberán permanecer con arresto domiciliario desde las 21:00 hasta las 6:00 horas, además tienen arraigo, prohibición de acercarse a las oficinas de la COD, fianza personal con un garante y la presentación semanal para firmar un acta.
En la imputación formal, el Ministerio Público compuesto por los fiscales Nancy Carrasco, Carmen Guzmán y María Toledo, pedían la detención preventiva, no obstante, el juez Roberto Arias consideró que no había elementos para el extremo.
Familiares de los imputados alegaron que los efectivos policiales los aprehendieron cuando pasaban por ahí, cuando retornaban a sus hogares.
MÁS DETENIDOS
Por otro lado, la tarde de ayer se instaló la audiencia de medidas cautelares contra 10 personas imputadas por la quema de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, el pasado viernes.
En la imputación formal, la Fiscalía pidió la detención preventiva en la cárcel de Palmasola, por el lapso de seis meses, contra los 10 procesados por los presuntos delitos de incendio, robo agravado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, tenencia o portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado. No obstante el juez dispuso medidas sustitutivas para todos.
Por este caso está imputado el camarógrafo y editor de noticias boliviano Sebastián Méndez Sevilla, del noticiero en Facebook “Noticias Villanas”, tras ser detenido por la Policía, que además intentó incriminarlo con un explosivo de fabricación casera para justificar su arresto.
El hecho ocurrió el 11 de noviembre, durante el vigésimo primer día de paro cívico en el departamento de Santa Cruz, que demanda la aplicación de resultados de un censo nacional antes de los comicios generales de 2025.
La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia, verificó que Méndez se desempeña como camarógrafo de noticias del sitio informativo, y que en esa condición fue agredido, despojado de su teléfono móvil y luego detenido por policías antimotines.
Los medios de prensa y redes sociales difundieron imágenes del momento en el que Méndez Sevilla, junto a otra persona sin identificar, fue interceptado por policías en la calle René Moreno, a tres cuadras de la plaza principal de Santa Cruz.
En el video se observa a un uniformado que traslada botellas con material explosivo casero (bombas molotov) desde otro sector y las coloca en el piso junto a los dos detenidos, en tanto que otro policía exigía a los camarógrafos de prensa que filmen la escena armada para justificar la detención.
En el audio se escucha a un camarógrafo afirmar en voz alta que “eso (explosivos) no lo tenían ellos”, lo que enfurece al jefe del grupo policial.
La implantación de pruebas falsas está comprendida en el artículo 167 del Código Penal bajo la tipificación de “Simulación de delito”.
“El que a sabiendas denunciare o hiciere creer a una autoridad haberse cometido un delito de acción pública inexistente, que diere lugar a la instrucción de un proceso para verificarlo, será sancionado con prestación de trabajo de tres meses a un año”, señala el texto de la norma referida.
“Se vulnera el principio de legalidad al no adecuarse el tipo penal a la conducta del imputado”, alertó la asesora legal de la ANP, Mabel Antezana.