Ante la apertura a la explotación de oro en las áreas protegidas, como el Madidi, Apolobamba y Cotapata, la sociedad civil y los originarios del lugar piden anular los acuerdos con los cooperativistas auríferos para cuidar la biodiversidad de estos parques.
Califican el acuerdo de irresponsable, “abusivo e inconstitucional de modificación de Planes de Manejo y re zonificación de las Áreas Protegidas Nacionales para el capricho minero, lo que significa un potencial desastre para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico, además de impulsar el genocidio de los pueblos indígenas ya afectados por la minería y un gran atentado a la salud pública de las y los bolivianos.
También indican que el Gobierno incumple el Convenio de Minamata y el compromiso por reducir uso de mercurio en todo tipo de actividades, incluida la minería, a pesar de haber recibido fondos por más de 5 millones de dólares de la cooperación internacional para elaborar un plan e implementarlo.
Recuerdan que el acta del 13 de septiembre de 2021 entre el director ejecutivo del SERNAP, Teodoro Mamani, y la ex directora de la AJAM, Brenda La Fuente, acordaron “proseguir” los trámites y “recurrir a todos los medios necesarios” para que los cooperativistas con “derechos preconstituidos” legalicen la extracción de oro en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba. Viabilizando 93 trámites de operaciones mineras en las tres áreas protegidas.
Ante el atentado a la biodiversidad, la sociedad civil organizada, plataformas, colectivos, investigadores, científicos comprometidos con la defensa de todas las formas de vida, los derechos constitucionales de la Madre Tierra y de los Pueblos Indígenas, rechazan los acuerdos.
“Rechazamos enfáticamente las políticas de incentivo al sector de la minería aurífera, por atentar contra los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra; denuncian que las cooperativas mineras auríferas están vulnerando los siguientes derechos de los bolivianos y pueblos de la Amazonía: a la Salud; a vivir en un medio ambiente sano; al agua; a la consulta previa, libre e informada; al territorio; y a la libre determinación.