La Fiscalía General de la dictadura de Cuba aseguró que está investigando las recientes protestas en el país -principalmente por los graves apagones- y amenazó a quienes hayan participado en las manifestaciones con que recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda.
En un comunicado en el que no se cifra el número de investigaciones abiertas o sospechosos, la Fiscalía aseguró que se están estudiando presuntos delitos relacionados con el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos y el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones, ofensas a funcionarios, fuerzas del orden y la incitación a la violencia.
También asegura que están estudiando medidas contra los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos.
En relación a las protestas, el comunicado asegura que se trata de hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana.
La Fiscalía General del régimen dijo que a los imputados se les asegura el respeto de sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso, además subraya que ejercerá su encargo constitucional en el marco de la legalidad, la protección de los intereses del Estado y los derechos de todos los ciudadanos.
CRISIS ENERGÉTICA
El agravamiento de la crisis energética que sufre el país tras el paso del huracán Ian a finales de septiembre provocó continuos y prolongados apagones en todo el territorio nacional.
Algunos barrios de La Habana estuvieron hasta seis días consecutivos sin corriente tras el huracán. Los apagones alcanzan las doce horas en algunos puntos del país. Está previsto que en el horario de mayor demanda, un 40 % de Cuba no tenga suministro.
Estas protestas de manifestaciones a sentadas, pasando por cortes de calles y cacerolazos- son eminentemente pacíficas, muchas veces con familias enteras caminando, en grupos que pueden ir de varias decenas hasta unos pocos centenares. La principal reivindicación es la reposición de la corriente, pero también se oyen gritos de ¡Libertad! contra el Gobierno.
Cerca de la mitad de las protestas han tenido lugar en La Habana, donde también se concentró la mayor parte de las 30 detenciones que han contabilizado grupos de activistas.
Las ONG han denunciado el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, grupos progubernamentales anunciaron que pronto comenzarán algunos procesos penales por atestado directo para los arrestados, a los que advertían que se iba a acusar de los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Las autoridades del país ya habían indicado que se comprendía el malestar por los apagones, pero que no se iban a tolerar conductas que consideraban delictivas.
Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, tras estas protestas se han practicado más de 1.500 y se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel. (Infobae)