Naciones Unidas ha denunciado ayer que más del 90 por ciento de los casos de torturas en República Democrática del Congo (RDC) tienen lugar en zonas de conflicto, donde la impunidad es generalizada, con más de 3.600 casos entre abril de 2019 y ese mismo mes de este año.
El informe, publicado por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en RDC (UNJHRO) y la Misión de la ONU en RDC (MONUSCO), recoge un total de 3.618 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a un total de 4.946 víctimas, el 93 por ciento de ellos en zonas en conflicto. Del total, 492 casos fueron incidentes de violencia sexual que dejaron 761 víctimas.
Asimismo, contempla que los miembros de las fuerzas de seguridad son responsables de 1.293 casos, mientras que 1.833 casos fueron atribuidos a grupos armados, que en ocasiones actuaron por su cuenta y otras en colusión con agentes de seguridad.
El documento subraya que la violencia infligida en la administración de justicia, en la restricción del espacio democrático o en centros de detención ilustra la naturaleza generalizada de la tortura, que florece en un contexto de relativa impunidad, debido a que pocas demandas contra presuntos responsables (…) son presentadas o tienen éxito».
«Esto contribuye a una subestimación del problema y su magnitud», resaltó, antes de recordar que, a pesar de la gran cantidad de casos, sólo dos oficiales del Ejército, doce policías y 75 miembros de grupos armados fueron condenados por torturas durante el periodo de tres años que cubre el informe.
De esta forma, incide en que esta impunidad crea un ambiente que favorece la continuación de las torturas y que explica la desconfianza de la población hacia las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.
«La MONUSCO sigue apoyando al Gobierno en sus esfuerzos para evitar y combatir la tortura», señaló la representante especial de la Secretaría General de la ONU y jefa de la MONUSCO, Bintou Keita.
En este sentido, ha manifestado que los comités de seguimiento sobre las violaciones de Derechos Humanos atribuibles al Ejército y la Policía, creados por las autoridades nacionales y apoyadas por la MONUSCO, se han demostrado útiles a la hora de apoyar el entrenamiento en esta zona y garantizar el seguimiento de los casos de tortura.
Por su parte, la Alta Comisionada interina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Nada al Nashif, ha hecho hincapié en que «la tortura nunca puede ser justificada, independientemente de las circunstancias o el contexto». «Las autoridades de RDC deben actuar con urgencia y determinación para poner fin a esta lacra», asevero.
Al Nashif ha reconocido los esfuerzos del Gobierno de RDC en la materia, si bien ha recalcado que queda mucho más por hacer para evitar, erradicar y juzgar de forma efectiva las torturas en el país, al tiempo que ha confirmado trabajos con el sistema de Derechos Humanos de la ONU para adaptar la legislación en el país. (Europa Press)