Los dos gerentes generales que tuvo el canal estatal Bolivia TV (BTV) entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 hoy son procesados por contratación de personal, un acto que podría generar responsabilidades administrativas, pero que el Gobierno y la Fiscalía pretenden llevar al ámbito penal, con pedidos de detención preventiva y luego encarcelamiento de cuatro a diez años en contra de Gonzalo Rivera, Andrés Rojas y sus equipos gerenciales.
Rivera estuvo menos de cuatro meses al frente de la televisora estatal. Durante su gestión mantuvo al personal de planta que trabajó durante 14 años con la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), pero contrató al politólogo Diego Ayo para dirigir un programa nocturno de análisis de lunes a jueves.
La actual gerente de BTV y exconcejal del MAS en Cochabamba, Rocío Molina, abrió denuncia por considerar que hubo “irregularidades” en esa contratación y mientras se prepara la imputación en el Ministerio Público ya se habla de una pena de cuatro años en contra de Rivera y la periodista Shirley Gutiérrez, quien le acompañó como gerente de producción durante esos meses de labor.
“Hicimos todo en regla, lo que pretenden es atemorizarnos, callarnos, y esta persecución y acoso no son de ahora sino que viene de hace varios años, porque al poder no le gusta que se diga la verdad”, expresó Rivera.
11 PERSONAS Y $US 20 MIL
La resolución de imputación presentada por el fiscal de materia José Rodríguez al Juzgado Quinto de Instrucción Anticorrupción apunta contra 11 personas por el presunto delito de incumplimiento de deberes en la contratación del politólogo Diego Ayo.
Según el documento al que tuvo acceso Visor21, el fiscal señala, con evidente sesgo político, que hubo “indicios de responsabilidad funcionaria durante el gobierno de facto” en BTV.
Se argumenta que Ayo fue contratado para producir un programa televisivo sin cumplir requisitos administrativos, que el espacio “Afuera de la caverna” debió ser coproducción y no contratación de servicio, que rescindió contrato sin motivo. Por tanto, señala, se generó “daño económico al Estado” y además que las 11 personas actuaron “con dolo”.
En el caso de Rivera ese “daño” sería por Bs 40 mil y el siguiente gerente de BTV, Andrés Rojas, con Bs 104 mil que se pagó al politólogo durante 2020 como productor y luego consultor. Es decir, la Fiscalía pide cárcel para 11 personas por un supuesto daño económico aproximado de 20 mil dólares.
PROCESO IRREGULAR
El abogado Eusebio Vera explicó que cada caso tiene que llevar un procedimiento y ningún ciudadano o servidor público puede ser derivado a la vía penal y convertir un simple hecho administrativo en un delito correspondiente al ámbito penal.
En ese marco, una auditoría interna verifica los indicios de responsabilidad para iniciar un proceso técnico administrativo y, en caso de verificar alguna irregularidad, determinar una sanción leve o disciplinaria o también puede arrojar señales de carácter civil para pedir un resarcimiento de daños. Solo en un extremo se puede hablar de responsabilidades penales y cárcel.
“ERAN FUNCIONARIOS,
NO PERIODISTAS”
El representante de la Unidad de Auditoría Interna de BTV, Pedro Ugarte, a su turno, explicó en radio Panamericana que el proceso contra Rivera se debe a la contratación de Ayo para dirigir el programa “Afuera de la Caverna” por Bs 20 mil mensuales, pero que fue resuelto por el politólogo a los tres meses bajo el argumento de que debía dar clases en la universidad. Esa figura para romper el contrato “no se adecúa en las causales”, explicó el funcionario, y agregó a Rojas en la investigación porque a pesar de esa anulación el nuevo gerente volvió a convocar a Ayo como consultor en línea hasta finalizar su gestión.
Ugarte dijo que la auditoría de BTV cumplió con todos los procesos y plazos hasta llevar la denuncia a la Fiscalía que encontró “indicios suficientes para establecer la presunta comisión de delitos”, cometidos por Rivera, Rojas y sus equipos gerenciales, en calidad de servidores públicos y no como periodistas.
“Estos hechos se efectuaron cuando fungían como servidores públicos, en ningún momento como se trata de confundir, por un hecho periodístico que ellos habrían realizado es que se encuentran procesados, son hechos cometidos como funcionarios públicos”, reiteró.
GREMIO RESPALDA
A PERIODISTAS
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron, en la semana, un comunicado conjunto en el que se denuncia el acoso judicial contra estos profesionales de la información.
“Manifestamos nuestra preocupación por la citación de la Fiscalía a los periodistas Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez con la manifiesta intención de someterlos a un proceso penal por faltas de orden administrativo supuestamente cometidas cuando desempeñaron funciones en el canal estatal BTV, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez”, señala la nota.
Ambas representaciones del gremio informativo añaden el caso del segundo gerente general de 2020, Andrés Rojas, a quien se pretende llevar a proceso penal por otra “falta administrativa”, al haber contratado al presentador y locutor Pablo Llano con Bs 12 mil de sueldo, que sería el doble del monto estipulado en su ítem en BTV.
El fiscal asignado a ese caso, Junior Flores, anunció que se pedirá la detención preventiva en el penal de San Pedro contra Rojas, Llano y la gerente informativa Adriana Gutiérrez.
“Consideramos que detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas, no por las funciones que cumplieron, sino por razones políticas”, agrega la ANPB y la APLP.
PREOCUPACIÓN Y RIESGO A LA LIBERTAD DE PRENSA
La organización internacional Human Rights Watch también manifestó su preocupación sobre estas denuncias penales contra periodistas que trabajaron en BTV durante la gestión de la presidenta Jeanine Áñez.
“Las autoridades pueden y deben investigar todo indicio de delito, pero esos procesos deben siempre respetar los principios del debido proceso. Uno de esos principios clave es la proporcionalidad entre la acusación y las conductas alegadas”, declaró al portal Brújula Digital el investigador de la HRW para América Latina, César Muñoz.
El periodista y asesor político Iván Rada explica que los procesos a Rivera y Rojas son solo el inicio de una cacería a la prensa nacional y que en caso de llegar a sentencias para ambos, continuará contra todo aquel que sea catalogado por el masismo como “periodistas golpistas”.
“El actuar del régimen masista era previsible desde que volvieron al poder. Hoy ataca a los exgerentes de los medios estatales, porque en el Gobierno creen que aquellos no tendrán apoyo del gremio y menos de la ciudadanía por haber ostentado cargos ejecutivos. Luego, una vez consumado el abuso, se procederá uno por uno contra quienes sean catalogados como “periodistas golpistas”, porque creen que ni el gremio ni los defensores de derechos humanos ya tendrán moral para salir a defenderlos. Si uno es culpable y sentenciado todos serán tachados de corruptos y golpistas, y ahí se acabará la libertad de prensa en Bolivia”, citó. (EL DIARIO y Visor Bolivia).