En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación radicó tres solicitudes de audiencia de imputación de cargos contra Oscar Fatecua, Edison Molina y Sebastián Valencia, presuntos responsables de emitir mensajes intimidatorios por redes sociales dirigidos al presidente electo Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María Fernanda Cabal.
En el primer caso, se estableció que Óscar Fernando Fetecua Rusinque, con un usuario personal, habría dirigido por Twitter una amenaza de muerte contra el senador y entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, el 26 de marzo de 2021. “Luego de diferentes actividades de policía judicial se detectó el origen de los mensajes y se conoció la plena identidad del posible remitente”, informó la Fiscalía.
De otra parte, señaló el ente investigador, “hay suficiente material de prueba para indicar que Edison Yair Molina Chaparro sería el responsable de divulgar por Twitter un señalamiento en contra de la vida e integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 11 de enero de 2020″.
Finalmente, la Fiscalía imputará a Sebastián Valencia Palacios por varios mensajes que, supuestamente, envió por Twitter e Instagram a las cuentas de un familiar y un funcionario del equipo de la senadora María Fernanda Cabal, el 25 de junio de 2020. Las publicaciones consistían en amenazas de muerte contra la congresista y se originaron desde Cali (Valle del Cauca).
En Colombia y el mundo existe una importante tendencia a hacer comentarios, compartir archivos, videos, fotos en Facebook y Twitter, principalmente, sin importar las consecuencias que esto pueda acarrear.
De acuerdo con un informe realizado por la Universidad Pedagógica de Colombia, en la legislación colombiana existen vacíos jurídicos en materia de delitos informáticos y la protección de la privacidad, observándose una falta de regulación por parte del gobierno en las políticas de uso de las redes sociales en especial Facebook y Twitter.
En el mismo trabajo del centro educativo se establece que cuando un usuario de cualquier red social le hace algún tipo de injuria a otro podrá incurrir en prisión de uno a tres años y una multa de diez a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las amenazas por Facebook y Twitter pueden que no sean considerados delitos informáticos, pero son tipificados como delitos clásicos y su castigo puede ser mayor. (Infobae)
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