Los gobernantes de los tres lustros hasta el cansancio repitieron y hasta hicieron creer, a casi a todos que los pueblos indígenas, que habían llegado al poder y estaban gobernando, que en el poder estaba un gobierno indígena. Sin embargo, cuando se escudriña sus políticas económicas, sociales y legislativas, lamentablemente se constata que se había estado implementando un conjunto de acciones para pisotear los derechos de los aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, etc.
En este sentido, en el ámbito normativo se puede mencionar algunas leyes anti indígenas, como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, promulgada el 19 de julio de 2010. Esta ley era tan esperada, sobre todo por el mundo indígena. Lamentablemente, desde el Ministerio de Autonomías de aquel entonces, a la cabeza de su titular, Carlos Romero Bonifaz, se ha diseñado, manipulado e impuesto en la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento y aprobación de esta ley, imponiendo todas las trabas para impedir el acceso al soñado autogobierno para los pueblos indígenas, a partir de las autonomías indígenas. Esta ley, en vez de viabilizar y facilitar el acceso a las autonomías indígenas, se ha constituido en un instrumento legal que obstaculiza, impone frenos e inserta todas las trabas al derecho del autogobierno pleno de forma inmediata. Esta pesada y demasiada burocrática ley anti indígena ha obstaculizado el avance de los pueblos indígenas en su desarrollo, además de causarles daños económicos por los altos costos en las gestiones de diversos trámites exigidos en los requisitos indebidos impuestos en esta ley, además de la duración de muchísimos años (más de una década en algunos casos) hasta lograr la implementación de la autonomía indígena.
Entre otras normas anti indígenas está la ley de Deslinde Jurisdiccional, promulgada el 29 de diciembre de 2010, donde el Art. 10-II y otros transgreden el principio de igual jerarquía entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, citado en el Art. 179-II de la Constitución Política del Estado. Esta ley anti indígena e inconstitucional impide a los pueblos indígenas el ejercicio pleno de la justicia propia, tanto en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial. El diseño, manipulación e imposición de esta ley anti indígena correspondió al ministro de Justicia y Transparencia de entonces, Héctor Enrique Arce Zaconeta, quien actualmente ostenta el cargo de Embajador de Bolivia ante la OEA.
Lamentablemente, estas leyes anti indígenas que atentan contra los intereses y derechos de los pueblos indígenas, fueron promulgadas por Evo Morales Ayma, junto a sus ministros: David Choquehuanca Céspedes, Luis Alberto Arce Catacora, Nemecia Achacollo, Nila Heredia, entre otros, sobre quienes, en caso de establecerse la inconstitucionalidad de algunas leyes anti indígenas, debe recaer todo el peso de la ley, siempre y cuando el país cuente con un Tribunal Constitucional y una justicia imparcial y se aplique el mandato de la Constitución expresado en el Artículo 165, que en su parágrafo II especifica: “Las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria”, además de otras normas pertinentes.
Además, en la aprobación de estas leyes anti indígenas e inconstitucionales en algún caso, están diputados y senadores, entre ellos Marianela Paco, Adolfo Mendoza y otros ataviados de ponchos y polleras que levantaron sus manos traidoras en contra de los aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, etc., y lo que es sorprendente, sin defender en ningún momento los intereses de sus representados, que fueron traicionados y pisoteados sus derechos e intereses con la aprobación de estas leyes atentatorias.
Y como si fuera poco, para la aprobación de estas leyes anti indígenas existen otros cómplices y traidores que precisamente son los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la dirigencia de las mujeres campesinas denominadas Bartolina Sisa, los Interculturales y otros que apañaron y hasta aplaudieron estas leyes atentatorias y perjudiciales para los pueblos y naciones indígenas.
Un análisis crítico de estas dos leyes anti indígenas evidencia cómo un partido que supuestamente asume representación indígena, aunque la ideología foránea del socialismo unzaguista (MAS-Unzaguista), nada tiene que ver con lo indígena, en los hechos y de forma contundente se logra establecer como durante más de quince años han engañado y se han burlado de los aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, etc., imponiéndoles normativas contrarias a sus intereses.
Lo que queda a la actual Asamblea Legislativa Plurinacional y sobre todo al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, quien se reclama representante de los pueblos indígenas, es agendar la consideración y aprobación de las modificaciones de estas dos leyes anti indígenas, a fin de enmendar los artículos que atentan en contra de las naciones y pueblos indígenas, impuestos por sus antecesores diputados y senadores que sancionaron estas leyes cuestionadas.
El autor es Coordinador General del Foro Indígena de Bolivia.