Tribunal que juzgó a Añez burló independencia judicial

Cuestionando todo el proceso que condujo hasta la reciente sentencia emitida en contra de la expresidenta Jeanine Añez y saliendo en defensa de las garantías constitucionales, el debido proceso y la independencia judicial, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) señaló que con la reciente sentencia a la exmandataria se trastoca el orden legal y se lleva al país a un caos jurídico.
Mediante un comunicado emitido por el ente defensor de la democracia se recuerda que el artículo 178 de la Constitución Política del Estado dispone que “constituyen garantías de la independencia judicial: 1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial…” y ha quedado establecido que dos de los jueces que integran el Tribunal de Sentencia que lleva a cabo el proceso penal contra la exmandataria Jeanine Añez, fueron posesionados en enero de este año, sin cumplir tal requisito de previa carrera judicial.
Tanto la Constitución boliviana, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, coincidentemente tienen establecido que toda persona tiene el derecho de ser oída y juzgada por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; de manera que la afectación de esta garantía, una vez más suma una nueva transgresión a los derechos fundamentales y humanos de la exmandataria y los otros co-procesados.
Precisamente la ausencia de garantías de jueces y tribunales imparciales explica el por qué ocurrieron reiterados atropellos a lo largo de la fase de juicio oral, que no solo se suman a vicios previos, sino que hacen prever que el régimen, una vez impuso su presión política para obtener una sentencia condenatoria, en una nueva afrenta al Estado de Derecho que debe basarse en el respeto de la Constitución Política del Estado y las Leyes.
Asimismo, sostiene que nada parece avergonzar al poder político, volviendo a ignorar el diagnóstico y recomendaciones del Relator Espacial para la Independencia de Magistrados de la ONU, “hacen gala de su soberbia, actuando las autoridades del Ministerio de Justicia como si fueran portavoces del Tribunal de Sentencia y anuncian contenidos de la sentencia”.