Denunciando a intereses políticos y económicos que operan detrás de la minería ilegal en el norte paceño, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, explicó a EL DIARIO el drama que viven los pobladores de zonas afectadas por esta actividad ilícita a causa del terror y la violencia que se ejerce en contra de personas que denuncian y se oponen al daño provocado por el extractivismo.
“Los pobladores están en contacto directo, y a veces, literalmente cuerpo a cuerpo con esta actividad ilegal. Es dramática la indefensión ante este abuso que además tiene consecuencias irreversibles en el caso de la contaminación de fuentes de agua, la destrucción de cursos de ríos y la afectación a vertientes que sirven para el consumo humano”, lamentó la asambleísta nacional.
Llama la atención de la legisladora los métodos utilizados por los promotores de estas actividades, que han recurrido al terror y la violencia para amedrentar a los pobladores en caso de denunciar las agresiones a la naturaleza.
“La intimidación de la que son víctimas todos los pobladores, llega al punto que la gente que denuncia la minería ilegal, es la que, por causa del poder económico y político, los procesos pueden darse la vuelta”, afirmó.
Recordó que como asambleísta nacional, también fue víctima de amenazas contra su integridad y la de toda la comitiva que la acompañaba en la localidad de Chushuara, Apolo.
Sostuvo que se pretende instalar un régimen del terror para frenar las denuncias mediante una intimidación a la gente e incluso autoridades.
Esta realidad lleva a la legisladora a plantear que los intereses detrás de la minería ilegal alcanzan niveles tan altos que impiden a autoridades del área el llevar adelante acciones que luchen y frenen la depredación de estas zonas. “Imagino que este poder de intimidación va más alto, lo que puede explicar la inacción y al mismo tiempo la generación de otras acciones que promueven este tipo de actividad minera, abierta y ampliamente ilegal”, explicó.
CONVENIO
El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, anunció ayer que se acordó con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) dar viabilidad a la Ley del Oro y luchar contra los avasallamientos y la minería ilegal.
En conferencia de prensa desde Casa Grande del Pueblo, el Primer Mandatario explicó que el Gobierno acordó cuatro puntos con el sector, entre ellos, el de impulsar la creación del ente gestor del seguro social para los cooperativistas auríferos.
