A nueve años de haberse presentado la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiendo una negociación, de buena fe, para que este país asuma el cumplimiento de promesas relacionadas a la reivindicación marítima boliviana y a cuatro años desde que esta instancia negó esta posibilidad, el abogado Víctor Hugo Chávez, sostuvo que desde un principio este proceso estaba destinado al fracaso.
En contacto con EL DIARIO, el jurista recordó que en 2013 la administración de Morales anunció la presentación de una demanda en contra del país vecino ante La Haya, luego de haberse truncado las negociaciones entabladas con el gobierno de Michelle Bachelet y el nulo acercamiento con la administración de Sebastián Piñera.
“Morales se enfrascó en la agenda de los 13 puntos, con el gobierno de Michelle Bachelet que durante cinco años le han dado la esperanza de que podría conseguirse algo, hasta que con el cambio en el gobierno chileno, el 2010 entra Sebastián Piñera y en 2011 se señala que no existe ninguna negociación pendiente”, refirió.
Ante este nuevo escenario, en marzo de 2013, Morales anunció la demanda marítima ante la CIJ en su discurso por el Día del Mar. “Hemos decidido que en los próximos días una comisión presente la demanda ante la Haya”, manifestó el entonces mandatario, asegurando que su gobierno logró acumular suficientes documentos que respaldaban este reclamo a nivel internacional.
Chávez detalló además que la idea inicial sobre demandar a Chile fue planteada por su persona, sin embargo, en este proyecto de demanda se exigía a la Corte el derecho sobre territorios y aspectos no contenidos en el tratado de 1904, del que el país vecino asegura ser fiel cumplidor.
“La idea de acudir a La Haya fue presentada por mi persona y mi hermano el año 1999, posteriormente difundida por EL DIARIO el 2000, consistía en demandar a Chile por aspectos no contenidos en el tratado de 1904. Los paralelos 23 y 24, las islas e islotes, aguas internacionales, canalización del Silala y la desviación del Lauca, que no están contemplados en ningún tratado”, dijo.
En ese marco, cuestionó que la demanda presentada en 2013 no haya exigido ningún tipo de soberanía o el cumplimiento de acuerdos formales, sino estaba enfocada en solicitar que Chile cumpla promesas asumidas con el Estado boliviano referidas a solucionar la demanda marítima nacional.
“En abril de 2013, se interpone la demanda de obligación de negociación, desde el nombre ya iba en desahucio. No era una demanda marítima, era una demanda de negociación por supuestos actos unilaterales en los que se había comprometido Chile sin cumplirlos”, precisó.
Puntualizó que desde ese momento era evidente el fracaso de la demanda planteada por el país, dada la poca o nula predisposición de Chile para negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico.
Otro aspecto que anticipaba un desenlace negativo para el país, consistía en la inclusión de compromisos que datan de junio de 1950, reiterados en los años 1975, 1978, replicado en 1987 y planteado en la agenda de los 13 puntos, argumentos expresados por Bolivia en su demanda para pedir a Chile el cumplimiento de una negociación, sin tomar en cuenta que carecían de valor.
Chávez señaló haber tenido conocimiento de estos datos, sin conseguir que la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima escuche sus advertencias, “Lo que no sabían en Diremar es que la nota del 50 fue retirada en 1962, por el contrario, cerraron toda posibilidad de atender observaciones al respecto”, dijo.
Ante el hermetismo por parte de esta instancia, el jurista refirió haber recurrido a realizar las advertencias de forma pública, sin conseguir la atención de los directivos encargados de llevar adelante la demanda, con los posteriores resultados, ya conocidos por todos los bolivianos.
“Lastimosamente, el fallo de octubre de 2018 ha confirmado el hecho de que no había ninguna obligación de negociar, consecuentemente la demanda desde un inicio ha estado destinada a ser un fracaso”, sostuvo.
DEMANDA
La demanda planteada por Bolivia exigía que la CIJ declare que, Chile estaba obligada a “negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo”, para solucionar el problema del enclaustramiento marítimo boliviano. En 2014, fue el propio Evo Morales quien presentó la memoria de la demanda.
Posteriormente, en 2015, los magistrados de ese tribunal internacional se declararon competentes para atender la demanda.
Las audiencias orales se desarrollaron en marzo de 2018, cuando la representación boliviana no pidió la devolución de territorios o la firma de un nuevo tratado, sino la declaratoria de la obligación chilena para negociar “de buena fe” los compromisos asumidos con el país.
En octubre de ese mismo año, la Corte Internacional de Justicia, falló a favor de Chile, señalando que ese país “no está jurídicamente obligado a negociar, porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por ambos países, a lo largo de los años así lo indica; tampoco lo indican otras resoluciones internacionales”.
El magistrado que presidía este tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf, de nacionalidad somalí, detalló que la determinación se produjo mediante 12 votos a favor y tres en contra, de la totalidad de los jueces miembros de la Corte. De la misma forma, se instó a las partes “a continuar dialogando en busca de una solución”.
