Libre mercado y alza excesiva de precios

Es una realidad innegable que todo el pueblo está convencido de que el virus que causó la pandemia es causante de la crisis económica, especialmente en los países pobres como el nuestro; pero, así el comercio de productos de uso y consumo sufre las consecuencias de la crisis, no se justifica que los comerciantes eleven periódicamente los precios de la mercadería que ofrecen y lo hacen con la simple explicación de que el deterioro de la economía no les permite rehacerse de las pérdidas sufridas y aducen que “deben reponer lo que han perdido solamente mediante lo que pague el público”. Es una explicación más que injusta, porque el pueblo no es el causante de lo crítico de la economía, lo es la enfermedad que atacó a todo el mundo.
Lo más grave de esta situación es que no hay forma de paliar las diferencias y la población sufre las consecuencias. La única solución sería aplicar un control de precios, pero a costa de contradecir lo que la ley de libre mercado permite, esas elevaciones para que los mercados obren como lo hacen, aunque deberían proceder con alguna racionalidad y no excederse en las subidas, especialmente si se tiene en cuenta la imposibilidad de reponer lo perdido y que la recuperación llevará bastante tiempo. La pretensión de “controlar precios” resulta difícil de aplicar sin riesgo de provocar una reacción pública que sería contagiosa, para que todos obren con la misma medida y se llegue a anarquizar toda la economía.
Ante situación tan crítica, no queda otro remedio que el Gobierno, conjuntamente instituciones de bien público, convenzan a la colectividad de comerciantes que no excedan sus pretensiones y eviten lo que no tardaría en producirse: reacciones públicas que lleguen a los extremos de “castigar la especulación”. Hasta provocar asaltos y otros extremos que, de producirse, crearían las condiciones apropiadas para la anarquía que derive en el caos. Por su parte, el público, sin ser complaciente, tendrá que ser comprensivo tanto con el ofertante como con el comprador de lo que necesita y reducir, en lo posible, sus gastos, prescindiendo especialmente de lo menos urgente y necesario y atenerse a presupuestos muy restringidos, porque si estas situaciones de sacrificios colectivos no son compartidas, acrecentaríamos nuestra pobreza. Sin embargo, en todo caso, el Gobierno debe mostrar conductas austeras en los gastos y evitar los excesos a los que, lamentablemente, está acostumbrado. Son las autoridades quienes en toda situación difícil deben sobrellevar los momentos más amargos y no pretender que sea la población la que sufra por soportar el mayor peso de una crisis que ya se hizo muy dura.