Concejo ratifica ampliación de rebaja tributaria hasta junio

El Concejo Municipal de La Paz ratificó la ley de ampliación del Perdonazo Tributario hasta el 30 de junio de 2022. La norma condona el 100 % de multas, intereses y sanciones por la omisión en el pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, a la Propiedad de Vehículos Terrestres, a las Transferencias Onerosas, a las Transferencias y Patentes Municipales desde la gestión 2012 hasta la gestión 2020.
El concejal Pierre Chain informó que el alcalde Iván Arias mandó observaciones, no solamente a la ampliación, sino también a la nueva Ley de Fiscalización y Auditorías, y la Ley de Preservación del Patrimonio Paisajístico de Mallasa y no tuvo el respaldo de dos tercios en el pleno, por los que las tres leyes fueron ratificadas en su versión original.
Recordó que el primer perdonazo concluyó el 31 de diciembre 2021, pero el Concejo, antes del receso, aprobó la ampliación que fue rechazada por el alcalde Arias y devuelta a sabiendas que no tenía dos tercios para introducir sus observaciones.
Aun así, comenzó a cobrar multas e intereses, generando una desinformación innecesaria en los contribuyentes y ratificando la línea de incoherencia del Ejecutivo Municipal que ahora, no tiene otra opción que promulgar, publicar y aplicar la norma.
También destacó la Ley de Fiscalización porque, según dijo, por primera vez el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tendrá una norma para que los concejales puedan ejercer sus facultades de fiscalización, que durante 15 años no tuvieron generándose problemas de transparencia en el manejo de recursos económicos.
Indicó que cuando entre en vigencia, el Ejecutivo podrá ser fiscalizado de manera eficaz, lo que no ocurre actualmente porque se hizo costumbre que cualquier iniciativa de fiscalización, ya sea petición de informe escrito, oral o una minuta de comunicación no se atienda en los tiempos previstos y tarde meses para obtener una respuesta, informó Erbol.
Explicó que, de acuerdo con el procedimiento, las tres leyes deben retornar al Ejecutivo para su promulgación en un plazo de 10 días y si en caso el alcalde Iván Arias vuelve a negarse a firmar, pues el presidente del Concejo Municipal tiene la facultad de hacerlo y ponerla en vigencia.