La región vive un clima conflictivo preocupante en lo político y social, tras cambios de Gobierno en algunos países y a esto se suma la inseguridad jurídica que presentan naciones del continente para la inversión privada extranjera y Bolivia no es la excepción, con los avasallamientos a la propiedad privada promovida, como la registrada la semana pasada en Santa Cruz, en Las Londras.
Hace unos días atrás el ingreso de encapuchados a una propiedad agrícola en el norte integrado de Santa Cruz provocó el secuestro de trabajadores y periodistas, que fueron amenazados por el grupo armado, y luego de varias horas fueron liberados.
Ese tipo de acciones, más los conflictos políticos sociales que se viven en la región sudamericana, alarman a las compañías internacionales, y ya empezaron alistar maletas para retirarse de la zona conflictiva.
En su momento, los empresarios privados solicitaron a las autoridades nacionales garantizar la seguridad jurídica para que llegue inversión privada y se fortalezca la nacional, pero el pedido todavía no se hizo eco en el Gobierno.
Luego del evento Bolivia Arbitation Review 2021, congreso internacional que desarrolla anualmente la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) y su Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial (CAC), que se realizó el 26 y 27 de octubre, el presidente de la entidad privada, Rolando Kempff, dijo que gracias a este tipo de eventos se pudo ratificar la importancia de fortalecer la seguridad jurídica para generar un clima adecuado para las inversiones en el país.
En una entrevista anterior a Iver von Borries, el especialista en temas empresariales y arbitrales dijo que una de las primeras condiciones para que venga inversión al país es garantizar la seguridad jurídica y el respeto a las normas.
Retirada
Mientras tanto, Brújula Digital señala que las gigantes trasnacionales de las materias primas Glencor y Sumitomo se encuentran en franca retirada de la región a pesar de los altos precios de los minerales en el mercado internacional.
Desde anuncios de nacionalización en Perú, el proceso de Convención Constituyente en Chile y un clima negativo para las inversiones junto a la alta polarización política y social en Bolivia han motivado a la suiza y a la japonesa a vender sus acciones y hacer maletas.
“Particularmente en los tres países de tradición minera más grandes de la región como son Perú, Bolivia y Chile hay estas tendencias políticas adversas a la inversión extranjera –el capital extranjero es muy veleidoso– quiere estabilidad, quiere ganar harta plata, a partir de materias primas, y esas situaciones hacen que cuando se esté girando en el sentido contrario prefieran retirarse”, afirmó a Brújula Digital el experto en temas mineros, Héctor Córdova.
Las señales se fueron dando a partir del 30 de junio, cuando la gigante suiza de las materias primas Glencore hizo conocer su intención de vender diferentes activos en el mundo. Según el diario Gestión de Perú, la decisión de la minera alcanzó a la mina Los Quenuales.
Los reportes señalan que la oferta incluye la mina de zinc-plomo-plata Aguilar en Argentina, las minas de zinc-plomo-plata de Sinchi Wayra e Illapa en Bolivia, la unidad Empresa Minera Los Quenuales SA, de Glencore, en Perú y una participación en una cartera de exploración colombiana.
Es así que el 12 de octubre, Glencore firmó un acuerdo con la canadiense Santa Cruz Silver Mining para venderle sus negocios de zinc en Bolivia.
Un comunicado hizo conocer que el grupo suizo llegó a un acuerdo para venderle a Silver Minin el holding de dos empresas que explotan minas en el país.
El acuerdo prevé un pago inicial de 20 millones de dólares al cierre de la transacción, más un pago diferido de 90 millones en un plazo de cuatro años, dijo el grupo suizo.
Chile no fue la excepción, pues el 28 de octubre, el portal de Rimaypampa informó que la minera australiana South32 acordó comprar una participación del 45 % en la mina de cobre Sierra Gorda de Chile, en un acuerdo por valor de hasta 2.050 millones de dólares, de Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation, con sede en Japón.
Mientras en Bolivia, el domingo 24 de octubre, en una sorpresiva conferencia de prensa desde Santa Cruz, el presidente de la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), Luis Barbery y el empresario potosino, Orlando Careaga, anunciaron la compra de acciones de la japonesa Sumimoto Corporation que tiene en la Minera San Cristóbal (MSC), ubicada en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.
Pero unas horas más tarde fue desmentida, y el 25 de octubre emitió un comunicado, en donde señala que está en análisis. (EL DIARIO-Brújula Digital).