En forma insistente altas autoridades y personajes políticos estuvieron machacando con que en el escenario político del país se perfilaba un nuevo golpe de Estado para desestabilizar al régimen establecido.
Declaraciones de esa naturaleza provinieron desde el presidente del Estado, ministros y allegados al gobierno. Para confirmar sus sospechas dijeron que ante ese peligro estaban movilizando a sus “bases”, que saldrían a las calles para derrotar a los que vierten las amenazas y ni qué decir que fuerzas siniestras estaban cavando los camotes del gobierno y los actores de esa conjura deseaban frenar el proceso de recomposición de la economía nacional.
Semejantes versiones fueron de escasa credibilidad para la opinión pública, que siguió dedicada a reorganizar sus actividades, profundamente afectadas por la pandemia de la corona virus y la cuarentena de más de un año que paralizó la vida económica del país.
Sin embargo, las presuntas denuncias de golpismo en vez de ser desmentidas, resultó que tenían mucho de realidad, pues estallaron con enérgicos movimientos sociales que confirmaron que las sospechas del presidente, ministros y corifeos eran ciertas.
Entonces, con gran agresividad salieron a las calles cientos de trabajadores gremiales de todo el país, transportistas de una poderosa entidad, los campesinos cocaleros de los Yungas de La Paz y otros que obligaron al gobierno a declararse en emergencia, situarse en retirada y retirar las medidas que estaba queriendo aplicar, ocultándolas bajo la manga o presentándolas como regalos de “Halloween”.