Dentro del Estado de derecho, oficialista y opositores dan saltos de pulgas despavoridas, coincidiendo en varios aspectos para la llamada
reforma judicial. Así, por ejemplo, coinciden en la celebración de un referéndum, también coinciden en los afamados ejes; empero estos dos bandos resultan incapaces al no comprender la problemática contemporánea del desarrollo o el necesario perfeccionamiento de las
formas de organización político-social.
LA MARCHA DE NUESTRAS
INSTITUCIONES
¿Qué pasa con nuestras instituciones que marchan al revés?
Una Fiscalía que al vacilar por lo que hace, a 6 de octubre de 2021, considera que es mejor tomar la declaración de uno y luego del otro;
entre tanto, se suspende la Citación. ¿Quién entiende esto?, solo se entiende cuando la Fiscalía marcha con el ritmo del Ejecutivo. El Ejecutivo por su parte dice que la vida del investigado corre peligro “por la acción de grupos organizados”. Habrá que concluir que la Fiscalía es tan gentil, que evalúa a las personas para hacer ¿una simple tarea de investigación? o, finalmente, admitir que estamos claramente bajo el mando arbitrario de un Poder personal. Todo en lugar de abrir una perspectiva de trabajo implacable, con centros de apoyo y de instrumentación del trabajo judicial. Al parecer, se busca –una vez más– el simple cambio del personal de justicia con criterios discrecionales, aunque esto perjudica la oportunidad con la que tiene que actuar la justicia.
En los últimos 14 años la justicia con “elecciones” ha experimentado un proceso de progresivo deterioro. Todo refleja esta lamentable situación realizada por tecnócratas. En consecuencia, de nada sirvió convertir a Bolivia en un país “electorero”, salvo para eternizar en el Poder a populistas. Para ello se ha avasallado la independencia de los otros poderes del Estado, al ser tomados los órganos encargados de supervigilar los procesos electorales.
Con todo aquello solo se ha logrado olas de violencia inusitada e inaceptable.
EL REFERÉNDUM, LA ÚLTIMA
MODA
Ahora, llamar a referéndum constitucional para una simple restauración del Judicial se ha puesto de moda, sobre todo para contestar una norma que autoriza la elección de magistrados. En efecto, los oficialistas y los opositores incurren en la misma falta. En la locura de manejar derechos, los “reformadores” no dejan de dar saltos de pulga dentro del Estado de derecho, sin que ello suscite un mero entusiasmo de cortesía en la población.
La democracia boliviana anda tan mal que los animadores de aquel recurso no hacen reverdecer el referéndum priorizando aspectos que interesan a la estructura del Poder dentro de la Constitución; al contrario, quieren reeditar prácticas que solo sirven al ejercicio de continuidad en la gestión del Poder.
Así, los reformadores se sitúan en el más alto grado de jerarquía de normas que determinan el Estado de derecho, para borrar algo que no
tiene vitalidad social, la elección de “magistrados”; dado que está en la mentalidad, la actitud y el comportamiento del Pueblo, solo definir –cada cinco años– cuál será el programa ganador y los hombres que la ejecuten.
Sin embargo, tal vez se crea que luego del SÍ o del NO se pueda ganar la paz social y con ello, nadie más piense en elegir magistrados con el sufragio universal directo.