En puertas de la sanción de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, varias autoridades para justificar la norma vulneradora de preceptos constitucionales expresos, en esforzadas explicaciones han manifestado que el instrumento no es más que la simple recopilación de normas desperdigadas en otros cuerpos normativos. Aunque eso no es cierto, no obstante que el Código Penal contempla algunos preceptos sobre esta materia; los alcances de las vigentes normas y de las que están a punto de ser aprobadas, son distintos. Pero eso es tema de otro análisis; porque el punto central de esta ley, las anunciadas protestas de varios sectores en contra de su promulgación, así como el conflicto peligrosamente politizado por el interés que despierta el control de Adepcoca; el segundo año desperdiciado en la educación en todos sus niveles; la previsión de una tercera dosis de vacunas contra la covid-19; la reestructuración de una justicia podrida y otros temas de fondo, son los que los actores políticos y sociales del país deben poner en la agenda de discusiones.
Polemizar sobre si la wiphala representa a los cambas o la flor del patujú cumple ese rol respecto a los andinos; discutir sobre si ese símbolo ajedrezado tiene su origen en España o si nació del indianismo; que si el anfitrión decide o no, quien termina los actos cívicos, o que el multicolor símbolo patrio el Vice en ejercicio de la Presidencia lo sacó arrugado de su bolsillo; que si fue –contra protocolo- izada o irrespetuosamente arriada; o que el auténtico símbolo de los indígenas es la bandera blanca; hallarían justificación si fuéramos un país en el que no se aliente la división racial como se lo hace desde hace más de quince años, o constituyéramos una nación tan consolidada en lo político y en lo social, que no tuviéramos materias de primario interés para discrepar.
Mas, sucede que Bolivia está al borde de negros nubarrones porque las leyes que se vienen, entre otras las del registro de Derechos Reales, son instrumentos violatorios de varios derechos individuales contenidos en la Constitución Política del Estado y en Tratados internacionales de los que Bolivia es signataria.
La marcha de los pueblos originarios del oriente, Amazonia y chaco bolivianos recientemente arribada a la ciudad de Santa Cruz contra la destrucción de sus territorios, representa a varios miles de indígenas que están defendiendo el ecosistema y la utilización racional de la tierra; y entonces engañosamente pretender enjuiciar y políticamente acribillar a quienes el 24 de septiembre han manoseado la wiphala sin actuar con la misma severidad a los que pisotean la bandera cruceña, simplemente es actitud divisionista en un país en que se busca unidad únicamente discursiva, pero se la alienta con políticas concretas.
No vaya a ser que como en el Siglo XV, en que los intelectuales creyentes, por discutir en torno al sexo de los ángeles, perdieron territorios cristianos a manos de los otomanos, los bolivianos nos enfrasquemos en disputas fratricidas de las que ya tenemos recientes experiencias y de las que inexacto seria decir que nadie las quiere, porque existen en el país tendencias planteadas como las del extinto dirigente Felipe Quispe, quien aspiraba a la restauración del Tahuantinsuyo y con ello la desaparición del Estado republicano; o el innegable propósito de algunas logias cruceñas que no verían mal una independencia de Santa Cruz.
En cualquier caso, estamos ante una coyuntura en que los problemas en todo orden de cosas son, por lo menos, preocupantes. Las acciones de protesta parecen inevitables, lo que obliga a que el gobierno de turno dé un giro de timón para atender los verdaderos problemas y cese sus actitudes distraccioncitas, al mismo tiempo de estar contando heridos, detenidos y destrucción del patrimonio fiscal y privado de manera impune, como si fuéramos un país rico al que esas conductas no le afectan.
Augusto Vera Riveros, es jurista y escritor.