La fiscal general del Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, pidió este lunes abrir una investigación sobre la situación en Filipinas en relación a la llamada «guerra contra las drogas», ya que tras el examen preliminar hay indicios de crímenes de lesa humanidad de asesinato.
Bensouda ha pedido autorización para iniciar la investigación en base a los hechos acontecidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019 ya que «tras un minucioso proceso de examen preliminar, la información disponible indica que los miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan de forma concertada con ellos, llamados ‘vigilantes’, han matado ilegalmente a entre 12.000 y 30.000 personas», según el informe.
Además, estos asesinatos «parecen haber sido cometidos en cumplimiento de una política estatal oficial del Gobierno filipino», a la vez que «funcionarios del Estado en los niveles más altos del Gobierno también hablaron pública y repetidamente en apoyo de las ejecuciones extrajudiciales, y crearon una cultura de impunidad para quienes las cometieron» y ofrecían «recompensas» por asesinatos extrajudiciales.
También se ha analizado la información relacionada con las denuncias de tortura y «otros actos inhumanos» que se han dado en la estrategia emprendida por el presidente del país, Rodrigo Duterte, contra las sustancias ilícitas en el país.
Bensouda ha especificado en su escrito que la Fiscalía del CPI «no se pronuncia sobre las políticas e iniciativas internas de ningún Gobierno destinadas a abordar la producción, la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parámetros de la ley y el debido proceso legal», aunque en este caso, «está actuando debidamente de acuerdo con su mandato específico y claramente definido y sus obligaciones en virtud del Estatuto».
Asimismo, ha especificado que, aunque Filipinas se retiró del Estatuto de Roma del CPI en marzo de 2019, el tribunal «mantiene la competencia sobre los crímenes que supuestamente se produjeron» en territorio filipino durante el periodo en el que, efectivamente, el país asiático fue parte del Estatuto, a lo que se suma que «estos crímenes no prescriben».
De aprobarse la investigación, corresponderá al sucesor de Bensouda, Karim Khan, llevarla a cabo. (Europa Press)