Una denuncia de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y una sentencia constitucional podrían dejar sin efecto la designación de jueces y vocales, advirtió ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, a tiempo de aclarar que el proceso de selección de vocales violó la Constitución Política del Estado.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido la sentencia constitucional número 0170/2021 del 26 de mayo que fue notificada ayer (viernes) al TSJ, y en esta decisión el TCP ha señalado expresamente que se deja sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y todas las convocatorias ulteriores que se hubieran producido. Es decir que, no tiene base para llevar adelante el proceso y la posesión de autoridades”, afirmó Lima en conferencia de prensa.
VIOLACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN
El titular de justicia explicó que, según el fallo del TCP, el proceso de selección que dio lugar a la posesión de jueces y vocales violó la Constitución Política del Estado (CPE) y los principios básicos de la Ley del Órgano Judicial (025) y que se ha ordenado al TSJ y a la Magistratura corregir este procedimiento.
Lima hizo la aclaración un día después que el Tribunal Supremo de Justicia posesionó a 19 vocales de los tribunales departamentales de justicia de todos los departamentos, con excepción de La Paz.
En Potosí se designaron dos de los cuatro vocales y en Cochabamba aún no se ha procedido al nombramiento por razones de salud del magistrado Esteban Miranda.
“El acto de juramento se realizó en desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0170/2021-S4 del 26 de mayo de 2021 que concedió la tutela a dos vocales de Santa Cruz que por medio de un Amparo Constitucional solicitaron que se deje sin efecto la Convocatoria Pública Departamental 36/2020 para la elección de vocales”, dice un comunicado del Ministerio de Justicia.
La mencionada resolución de cumplimiento inmediato y obligatorio, según lo establece la Norma Suprema, dejó además sin efecto el reglamento para ulteriores convocatorias y fue notificado a las 15.55, antes de la cuestionada posesión, según esa cartera de Estado.
“Extrañamente, funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia impidieron la notificación y obligaron a los servidores públicos del Tribunal Constitucional Plurinacional a pegar los cedulones en la puerta de ingreso de ese estrado judicial, como denuncian los mencionados dependientes del TCP”, menciona el comunicado.
LA PAZ
En cuanto al departamento de La Paz, el diputado Froilan Mamani Choque ha promovido una acción de cumplimiento que determinó la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional I del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que manda textualmente “la suspensión provisional de posesión de los designados a Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”.
Lima aclaró ayer que como tercero interesado participará de la audiencia de la acción de cumplimiento que se realizará el próximo miércoles, donde presentarán los argumentos que demuestran que no se respetaron los criterios que señala la CPE de meritocracia, correcta evaluación de desempeño de los jueces y vocales, para tener un puesto de mayor jerarquía en el Órgano Judicial.
“Hay hechos lamentables, vamos a denunciarlos el día miércoles, como por ejemplo, que una postulante no tenga ni siquiera los seis años que exige la ley para ser designada vocal. Hay vocales que están con sentencia condenatoria por delitos graves como prevaricato, resoluciones contrarias a la CPE. Esta situación es muy grave para el país, porque si hablamos de meritocracia tenemos que escoger a los mejores y la convocatoria ha elegido de una manera cuestionable porque no participó la universidad y ni siquiera se ha escogido a los primeros de la lista, se ha elegido más bien a las personas que están en los últimos lugares y con serios cuestionamientos éticos y disciplinarios e incluso procesos penales en contra”, dijo.
En ese marco, Lima recordó a las autoridades del TSJ y del Consejo de la Magistratura que el mandato de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia es garantizar al pueblo boliviano una elección de vocales con transparencia que garantice probidad e independencia en la administración de justicia.