El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, informó ayer que la Fiscalía admitió la denuncia contra el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero por el presunto delito de incumplimiento de deberes, al no haber presentado dos peticiones de informe escrito en 2019.
El 1 de mayo de 2021, Venegas informó que inició un proceso judicial contra Romero, porque no respondió a peticiones de informe que le hizo de manera formal.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía y el TSE el pasado 28 de abril, sin embargo, una hora después de entregar el oficio en el ente electoral, Romero anunció su renuncia al cargo.
De acuerdo con el memorial de la denuncia, las peticiones de informe escrito, de parte del diputado Venegas, se remitieron el 1 y 4 de febrero. Las mismas piden información sobre los hechos de 2019, la carta que había enviado la vocal Rosario Baptista a Luis Almagro y otros temas inherentes al Órgano Electoral.
Ante la falta de respuesta de Romero, el 11 de marzo la Cámara de Diputados envió una nota de reclamo al entonces presidente del TSE, requiriéndose una respuesta oportuna a las peticiones de informes.
Habiéndose vencido los plazos, Romero solicitó el 23 de marzo una ampliación de 15 días, sin embargo, a la fecha de la denuncia (28 de abril) la información no había sido remitida, según el memorial.
Romero, designado por la expresidenta Jeanine Añez, renunció a su cargo de vocal y presidente del TSE el 29 de abril, tras haber cumplido el proceso electoral de las elecciones subnacionales de este año y generales de 2020.
FRAUDE
Por otro lado, el pasado 19 de marzo, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que los vocales electorales de los nueve departamentos fueron liberados del caso fraude electoral, cinco días antes el Órgano Judicial envió con detención preventiva a la expresidenta Jeanine Añez y dos ministros de su gestión.
A solicitud del entonces presidente Evo Morales, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019 y estableció que hubo “operaciones dolosas”, las que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”, y entre las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” menciona la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del TREP” o conteo rápido.
En la oportunidad, Lanchipa aclaró que las demandas penales contra cinco de los siete exvocales del TSE quedaron “pendientes”.
La Fiscalía amplió la investigación por tres meses, no obstante, los cinco investigados solicitaron sobreseimiento y el archivo de obrados porque arguyen que no se pudo comprobar algún grado de responsabilidad en su contra.
Los exvocales del TSE fueron imputados por manipulación informática, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre otros.