El exsenador del Movimiento al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, indicó en días precedentes, que los procesos que lleva adelante el ministro de Justicia, Iván Lima, contra la expresidenta Jeanine Añez son “incongruentes”.
“O eres golpista o eres presidenta y si eres golpista no puedes ser enjuiciada por responsabilidades en calidad de presidenta (…); el ministro debe corregir ese tema”, manifestó Aguilar en entrevista con radio Compañera.
En criterio de Aguilar, Jeanine Añez debe ser procesada en juicio de responsabilidades, principalmente por el Decreto Supremo con el que autorizó a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana el uso de las armas.
Explicó que los artículos 137 al 140 de la Constitución Política de Estado (CPE) establecen los estados de excepción, y ni en ellos se le permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) el uso de armas.
“Por encima de todo está el respeto a los Derechos Humanos y el respeto a la vida, por eso considero que Jeanine Añez debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades”, apuntó.
El 15 de noviembre de 2019, la entonces presidenta Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de “legítima defensa o estado de necesidad”.
En la oportunidad, Añez justificó la medida porque el país enfrentaba acciones violentas debido a la crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría del proceso electoral en la que encontró actos irregulares.
El 29 de noviembre de 2019, Añez revocó el Decreto Supremo porque volvió la paz al país.
“Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación”, dijo Añez en la oportunidad.
SUCESIÓN
El exlegislador manifestó que no se cumplieron los procedimientos para la sucesión de mando al igual que en 2003, empero, en 2019, todas las organizaciones sociales terminaron reconociéndola en Palacio Quemado. “La misma Asamblea terminó reconociéndola porque trabajamos emitiendo leyes sancionadas para que se promulgue por el Ejecutivo. Por eso creo que Iván Lima comete un error garrafal porque en conferencia de prensa, después de que Jeanine Añez fue enviada con detención preventiva dijo textualmente: Nosotros no estamos buscando cuatro meses sino 30 años de cárcel y para eso vamos a presentar todas las pruebas respecto al golpe, segundos después Lima menciona que se está preparando cuatro juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Añez y buscará caso de corte y la procesará por el Tribunal Supremo de Justicia, ahí hay una incongruencia”, apuntó Aguilar.
Añez llegó de Trinidad, la tarde del 11 de noviembre de 2019 a la Asamblea Legislativa para asumir la Presidencia del Senado, porque días antes renunciaron Adriana Salvatierra como titular y el primer vicepresidente Rubén Medinacelli, ambos del MAS.
La tarde del día 12, la senadora Añez llamó a sesión donde no se presentaron los legisladores del MAS, argumentando falta de garantías. Tras asumir la cabeza del Senado, se aplicó la sucesión presidencial del artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE)
SENADORA
El 13 de marzo de 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que Jeanine Añez es procesada en calidad de exsenadora por una demanda instaurada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en diciembre de 2020, y no como expresidenta.
“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y esa es la realidad de los hechos, cuando se la juzgue como expresidenta se tendrá que evaluar en qué caso va a la Asamblea y si autoriza el enjuiciamiento, en este caso estamos ante un juicio ordinario”, explicó Lima a la estatal Patria Nueva.
El artículo 151, parágrafo I de la CPE señala: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.
TESTIMONIOS DESVIRTÚAN IMPUTACIÓN
Después que la Fiscalía argumentó que Jeanine Añez y otros legisladores de oposición obligaron a renunciar a los entonces presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente, en una reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB), los asistentes a la misma rechazaron el extremo y aseguraron que la expresidenta ni siquiera fue mencionada.
En la audiencia de medidas cautelares, que se realizó el domingo 14 de marzo de 2021, contra la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros, el fiscal de materia Harold Jarandilla argumentó que en una de las reuniones con la Iglesia Católica y la Unión Europea se obligó a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, renunciar a su cargo.
“La reunión se realizó en la UCB, en la que estuvieron presentes Adriana Salvatierra, Teresa Morales, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Carlos D. Mesa, quienes le piden (a Salvatierra) que presente su renuncia irrevocable a su calidad de presidenta del Senado, con el objetivo que Jeanine Añez asuma la presidencia”, apuntó el fiscal.
El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aseguró que la exmandataria ni siquiera fue mencionada en la reunión a la que él asistió por invitación del exministro de Justicia, Héctor Arce y Adriana Salvatierra.
Jorge Quiroga ratificó la versión de Doria Medina indicando que, en la reunión del 11 de noviembre de 2019, Salvatierra buscaba de forma “desesperada” que Evo Morales salga del país y se viabilice la sucesión constitucional.
Al igual que Doria Medina, Quiroga aseguró que la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, no participó de ninguna de esas reuniones, ya que se encontraba en el Beni y más bien se buscaba los medios de transporte para trasladarla a La Paz.
En un video de enero de 2020, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra desmiente que haya recibido presión para renunciar y que su decisión política fue coordinada con Evo Morales y Álvaro García, además de las “organizaciones sociales” del MAS.
En entrevista con Radio Fides, el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aseguró el lunes 15 de marzo de 2021 que nadie lo obligó a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados.
El pasado viernes, mediante su cuenta en Twitter, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero, se refirió a los documentos que maneja la Procuraduría General sobre el caso de supuesta conspiración, sedición y terrorismo, que es la base para afirmar que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, “gestado” por Añez y las FFAA, como interpretó el ministro de Justicia, Iván Lima, en una reciente entrevista con radio Deseo.
“Leí memorial de Subprocurador en caso golpe. En él se distorsiona lo sucedido en reuniones 11 y 12 de noviembre 2019. Por mi responsabilidad con Bolivia aclaro que es impreciso afirmar que nos comunicaron que Jeanine sería presidenta y que ya tenía apoyo de FFAA”, escribió Rivero.
Rivero fue parte de la comisión del MAS que se reunió con la oposición en ambientes de la UCB, luego de la renuncia de Morales, su segundo Álvaro García y los presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente. La senadora cruceña y la exministra de Desarrollo, Teresa Morales completaron la comitiva oficialista.
Las tres mujeres tenían como misión resguardar la salida del país de Morales y García, quienes viajaron a México la noche del 11 de noviembre, en calidad de asilados en territorio extranjero, cumpliendo la figura de abandono de funciones del art. 170 de la CPE.
Por la oposición participaron los líderes políticos Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, los abogados Jerjes Justiniano, Luis Vásquez, los asesores Ricardo Paz y Roberto Moscoso, y el senador Oscar Ortiz. De la sociedad civil participaron los miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, Rolando Villena y Juan Carlos Núñez.
“El 11 de noviembre Adriana y Teresa no hablaron nada mientras no se garantizara la vida de Evo y Álvaro. El 12 tocamos procedimientos y dejamos bien claro que no podíamos tocar más temas porque no habíamos hablado con la bancada. A uno de ellos se les salió que tenían plan B (…) Nosotras ni sabíamos cuál era ese plan. Lo vimos recién en la tardecita en la tele como todos, por lo que no pueden insinuarse cosas que no pasaron”, acotó Rivero.
El “plan b” que expresó la oposición fue activar la sucesión constitucional, luego de 48 horas de vacío de poder en Bolivia.
Jarandilla afirmó que el 12 de noviembre, dos días después de la renuncia de Evo Morales, Añez se autoproclamó como presidenta de la Asamblea Legislativa y finalmente asumió el mandato del país.
Lo que no tomó en cuenta el fiscal es que el 10 de noviembre, cuando Morales y García presentaron su renuncia, ya habían renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinacelli y Adriana Salvatierra, extremos que dejaron un vacío de poder en el país y una horda violenta que se acrecentaba causando zozobra en la ciudadanía, principalmente en la sede de Gobierno, donde varias estaciones policiales habían sido tomadas, viviendas particulares quemadas, medios de comunicación cerrados por amenazas y todas las actividades.
