La jefa de bancada por la agrupaci\u00f3n Creemos en el Senado, Centa Rek, denunci\u00f3 que la Procuradur\u00eda General del Estado (PGE) se ampara en el Decreto Supremo No. 4447 para ocultar informaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n boliviana, afectando la capacidad fiscalizadora de legisladores que solicitan conocer el uso que se le da a los recursos del Estado, por lo que demandar\u00e1 su abrogaci\u00f3n.
\nRek sostuvo que la Procuradur\u00eda se ha convertido en una entidad que est\u00e1 por encima de las leyes que rigen el Estado boliviano, ya que realiza la totalidad de sus contrataciones, tanto nacionales como internacionales, en el mayor de los secretos, con un hermetismo total; sin registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), y en base a invitaciones directas, hecho que da lugar a los mayores actos de corrupci\u00f3n, como se denunci\u00f3 con anterioridad.
\nLuego que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones sentenci\u00f3 un laudo arbitral por el que Bolivia debe pagar $us 105 millones por los perjuicios ocasionados al banco espa\u00f1ol BBVA, propietario de la AFP Previsi\u00f3n BBVA, nuevamente sali\u00f3 a la luz p\u00fablica que la Procuradur\u00eda ha perdido la casi totalidad de juicios contra el Estado boliviano por la mal llamada nacionalizaci\u00f3n, que hasta el momento le habr\u00edan costado m\u00e1s de $us 712 millones por m\u00e1s de 12 procesos perdidos.
\nEn lo que va de la presente legislatura, Rek remiti\u00f3 tres peticiones de informe escrito a la Procuradur\u00eda, mismos que fueron respondidos con evasivas, ambig\u00fcedades, generalidades burocr\u00e1ticas o amparados en dicho Decreto, que \u201cestablece la confidencialidad de la informaci\u00f3n generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estrat\u00e9gica de la defensa legal de los intereses del Estado\u201d.
\n\u201cNo he obtenido ninguna posibilidad de transparentar las preguntas que hice o los temas por los cuales curs\u00e9 esos pedidos de informe. En todos los casos la Procuradur\u00eda tuvo unas respuestas vagas e imprecisas, usando una serie de mecanismos y triqui\u00f1uelas para obstruir la posibilidad de fiscalizaci\u00f3n y no transparentar la informaci\u00f3n\u201d, explic\u00f3.
\nPrecis\u00f3 adem\u00e1s que se consult\u00f3 a la Procuradur\u00eda sobre los detalles y cumplimiento de requisitos en la contrataci\u00f3n de la abogada Eva Liz Morales; del ciudadano Iberth Ren\u00e9 Renato Aguilar Mamani, quien ostenta el cargo de Director General de Asuntos Administrativos a pesar de tener una sentencia ejecutoriada por ejercicio indebido de la profesi\u00f3n; y sobre la contrataci\u00f3n del \u201cConsorcio jur\u00eddico \u201cGreenberg Trauring PA\u201d de Miami-Florida de Estados Unidos de Norteam\u00e9rica\u201d, para hacer seguimiento al proceso que se lleva a cabo en contra de Arturo Murillo en el pa\u00eds del norte.
\nEn todos los casos, las respuestas proporcionadas por la Procuradur\u00eda fueron generalidades que no permiten conocer las irregularidades en las que estar\u00eda incurriendo esta instituci\u00f3n y, lo que es peor, se oculta la informaci\u00f3n respecto a los miles o millones de d\u00f3lares que estar\u00eda gastando en la contrataci\u00f3n de bufetes de abogados internacionales, de los que nada se sabe y que son un gasto adicional al dinero perdido en los diferentes laudos en los cuales Bolivia ya ha tenido un fallo adverso.
\n\u201cEn la mayor\u00eda de los casos la Procuradur\u00eda me contesta, ante las preguntas que hago, haciendo referencia al Decreto Supremo No. 4447 de fecha 13 de enero de 2021, y amparado en este Decreto Supremo dice que todos los actos de la Procuradur\u00eda tienen la posibilidad de ser mantenidos en secreto, que no hay motivo para informar a la poblaci\u00f3n, ocultan la informaci\u00f3n haciendo alusi\u00f3n a que son actos que tiene que ver con la confidencialidad de situaciones que hacen al Estado de Bolivia\u201d, a\u00f1adi\u00f3.
\nRespecto a la designaci\u00f3n del ciudadano Iberth Ren\u00e9 Renato Aguilar Mamani, la Procuradur\u00eda responde que \u201cFue una designaci\u00f3n de libre nombramiento, en base al art\u00edculo V, inc. c) de la ley 2027, y considerando que la documentaci\u00f3n requerida es personal, la misma deber\u00e1 ser solicitada por la instancia judicial correspondiente\u201d.
\nEn el caso de la contrataci\u00f3n del bufete de abogados en Miami, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, una de las respuestas fue la siguiente: \u201cPor disposici\u00f3n del D.S. No. 4447, es confidencial el Contrato y se mantendr\u00e1 esa condici\u00f3n hasta la conclusi\u00f3n de los procesos penales y el civil de reparaci\u00f3n de da\u00f1o m\u00e1s da\u00f1os punitivos en Estados Unidos de Am\u00e9rica\u201d.
\n\u201cEn virtud al numeral 2 del art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado las Bolivianas y Bolivianos tienen el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, estos derechos gozan de la garant\u00eda Jurisdiccional, que se encuentra en los par\u00e1grafos I, II y II del art\u00edculo 110 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, por este motivo comunico que la documentaci\u00f3n solicitada de la Se\u00f1orita Eva Liz Morales Alvarado no puede ser remitida\u201d, se\u00f1ala la respuesta de la Procuradur\u00eda sobre el PIE enviado desde la bancada de Creemos.
\nRek afirm\u00f3 que esta situaci\u00f3n no puede continuar debido al exceso de atribuciones de acciones secretas que se les permiten a los ministerios y las instituciones estatales como la Procuradur\u00eda, y por lo tanto debe haber \u201cun cambio urgente en esta situaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3.
\nLa parlamentaria cruce\u00f1a adelant\u00f3 que pedir\u00e1 la abrogaci\u00f3n del Decreto que declara la confidencialidad de los contratos de la Procuradur\u00eda para que el pueblo boliviano conozca cu\u00e1ntos miles de millones de d\u00f3lares han sido despilfarrados por esta instituci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os, bajo el argumento de defensa del Estado, cuando en realidad se ha hecho todo lo contrario.
\n\u201cNos deja en una situaci\u00f3n desfavorable y genera que todos los actos se den en secreto sin la posibilidad actos de fiscalizaci\u00f3n. Esto no puede ocurrir la Constituci\u00f3n plantea que los actos deben ser claros, de frente al pueblo y que tengan acceso no solo los diputados y senadores, tambi\u00e9n todos los bolivianos\u201d, concluy\u00f3 Rek.
\nD\u00edas atr\u00e1s, el senador Henry Montero, manifest\u00f3 estos mismos cuestionamientos luego de recibir respuesta a una solitud de informe escrito de la Procuradur\u00eda en la que se neg\u00f3 acceso a la hoja de vida y documentos que respalden la formaci\u00f3n acad\u00e9mica de la funcionaria, Eva Liz Morales, \u201cen virtud al derecho de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, as\u00ed como la garant\u00eda jurisdiccional previstos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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