Debido a la ineficiencia en la defensa de los intereses del Estado por parte de autoridades del MAS, en los casos Quiborax y BBVA el pa\u00eds terminar\u00e1 pagando 129,6 millones de d\u00f3lares m\u00e1s de lo que esas dos empresas exigieron originalmente para cerrar ambos procesos.<\/p>\n
El reciente laudo establecido por la CIADI referido al banco espa\u00f1ol BBVA, el Estado boliviano deber\u00e1 pagar 105 millones de d\u00f3lares por la nacionalizaci\u00f3n de la AFP Previsi\u00f3n y por haber realizado todo el proceso con suma ineficiencia y lentitud. De hecho, desde el primer decreto supremo de la creaci\u00f3n de la Gestora P\u00fablica, que reemplazar\u00e1 a las AFP, y firmado en 2010, todav\u00eda el proceso no concluye.<\/p>\n
El laudo de la CIADI revela que BBVA ofreci\u00f3 15 millones de d\u00f3lares por la venta de sus acciones en 2010, pero el gobierno demor\u00f3 dos a\u00f1os en responder a esa oferta y le propuso a cambio la irrisoria suma de 500.000 d\u00f3lares, que fue obviamente rechazada, dijo a Br\u00fajula Digital el economista Jos\u00e9 Gabriel Espinoza.<\/p>\n
Finalmente, con el laudo conocido la semana pasada, que es inapelable, Bolivia debe pagar 105 millones de d\u00f3lares, es decir 90 millones m\u00e1s de lo que BBVA demand\u00f3 inicialmente.<\/p>\n
La demora en la aplicaci\u00f3n de la nacionalizaci\u00f3n de las AFP es atribuible al entonces ministro de Econom\u00eda, Luis Arce, y al viceministro de Pensiones, Mario Guill\u00e9n. El encargado de la defensa del Estado era entonces el procurador Pablo Menacho y el ministro de Justicia, H\u00e9ctor Arce.<\/p>\n
Otro caso similar, en el que la err\u00f3nea defensa del Estado termin\u00f3 provocando pagos muy superiores a los originalmente demandados es el de Quiborax, una empresa minera que operaba en el Salar de Uyuni.<\/p>\n
Al resolverse su contrato, esa empresa primero pidi\u00f3 tres millones de d\u00f3lares, pero el Estado boliviano rechaz\u00f3 esa posibilidad. Luego Quiborax demand\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 27 millones de d\u00f3lares y tampoco la Procuradur\u00eda la acept\u00f3, hasta que el fallo final estableci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 42,6 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Durante todo ese proceso, H\u00e9ctor Arce supervis\u00f3 esas negociaciones ya sea en su rol como procurador del Estado o Ministro de Justicia. En la parte final de la negociaci\u00f3n actu\u00f3 el exprocurador Menacho.<\/p>\n
\u201cEstos casos pueden ser perfectamente tipificados como da\u00f1o econ\u00f3mico al Estado, pero evidentemente, con el sistema judicial en manos del gobierno, ello no va a ocurrir\u201d, agreg\u00f3 Espinoza.<\/p>\n
El Estado boliviano experiment\u00f3 hasta ahora al menos 12 derrotas en arbitrajes internacionales que enfrent\u00f3 por las llamadas \u00abnacionalizaciones\u00bb y otras controversias planteadas por compa\u00f1\u00edas internacionales. La suma de esas indemnizaciones, hasta ahora, llegan a 714 millones de d\u00f3lares. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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