\u201cEl Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, plena, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones\u201d. Esta garant\u00eda consagrada por la Constituci\u00f3n en su Art. 115 deber\u00eda aparejar el acceso universal a la administraci\u00f3n de justicia, ya sea para la resoluci\u00f3n de conflictos, para la vigencia de los derechos, para el cumplimiento de la ley o para impedir el abuso de los gobernantes, funciones principales de la tutela jur\u00eddica que garantizan la paz social, la seguridad jur\u00eddica, la libertad y el Estado de derecho. Porque esas son las funciones de los jueces y de la administraci\u00f3n de justicia, \u00e9sta debe ser un servicio p\u00fablico gratuito, de calidad y accesible a todos.<\/p>\n
Pero eso no es as\u00ed. Al contrario, en nuestro pa\u00eds, no s\u00f3lo que la administraci\u00f3n de justicia es un p\u00e9simo servicio, sino que es un derecho negado a la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n. Tenemos una justicia para pocos.<\/p>\n
Ya lo sabemos, la justicia no es gratuita. Fuera de las corruptelas, los costos judiciales empiezan con los abogados y se extienden a las actuaciones judiciales que suponen dedicaci\u00f3n de tiempo no remunerado. Por eso la mayoritaria poblaci\u00f3n de ingresos medios y bajos simplemente no acude a los tribunales, y la poblaci\u00f3n de \u00e1reas rurales no tiene jueces a qui\u00e9n acudir, lo que agrava la discriminaci\u00f3n y las desigualdades. Es que, adem\u00e1s de los costos, la mayor parte de los 1.650 jueces y fiscales que existen en Bolivia est\u00e1n concentrados en las capitales y centros urbanos; cerca de la mitad de los municipios carecen de \u201coperadores\u201d de justicia. Y tambi\u00e9n sabemos que esos pocos jueces y fiscales carecen de condiciones de trabajo, que el \u201cservicio\u201d se lo presta en condiciones de precariedad que lo anulan como servicio p\u00fablico.<\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, no es solo un problema de \u201ccobertura\u201d sino de concepto. No todos los conflictos deber\u00edan llegar a los tribunales para ser resueltos. Tenemos que cambiar nuestra arraigada \u201ccultura pleitista\u201d que nos lleva a pensar que solo con juicios se resuelven las controversias de la gente. No se puede seguir alentando esa \u201ccultura\u201d y menos a\u00fan la pr\u00e1ctica perniciosa de judicializar la conflictualidad social. El servicio de justicia debe ser uno que resuelva conflictos y restablezca derechos y no necesariamente a trav\u00e9s de juicios, jueces y abogados.<\/p>\n
Para ello requerimos la reforma partiendo de la Constituci\u00f3n que, salvo la justicia originaria, sigue estancada en los jueces, los expedientes y los picapleitos, dejando como papel mojado ese Art. 115 junto al 178 y al 180, todos de la Constituci\u00f3n que peroran sobre<\/p>\n
la gratuidad, la equidad, el servicio a la sociedad y la accesibilidad. Atendiendo la urgente necesidad de m\u00e1s jueces y fiscales id\u00f3neos, independientes, con sueldos dignos y condiciones materiales de trabajo, la Constituci\u00f3n debe establecer en su texto los mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos como la justicia de paz, la conciliaci\u00f3n y el arbitraje, ejercidos por ciudadanos, a partir de procedimientos orales expeditos y sin costos, devolviendo a la comunidad esa potestad jurisdiccional b\u00e1sica, expropiada por el Estado y convertida as\u00ed en una burocr\u00e1tica funci\u00f3n del poder p\u00fablico.<\/p>\n
Han sido introducidos el arbitraje y la conciliaci\u00f3n desde el a\u00f1o 1997, con la Ley 1.770, y se ha continuado luego, en el a\u00f1o 2015, con una nueva ley la N\u00ba 708 de 25 de junio. Esta normativa tiene que ser revisada porque judicializa y burocratiza los procedimientos y, a partir de su dependencia del Ministerio de Justicia, los ha estatizado, convirti\u00e9ndolos en otra \u00e1rea ajena, distante y poco accesible a la gente. Adem\u00e1s, en el caso del arbitraje, est\u00e1 privatizado y comercializado, con acceso casi exclusivo al mundo empresarial.<\/p>\n
La propuesta es que sea la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado el marco<\/p>\n
normativo vertebral tanto de la conciliaci\u00f3n como del arbitraje, acompa\u00f1ados de la mediaci\u00f3n y la amigable composici\u00f3n, bajo el concepto de \u201carbitraje de equidad\u201d, que no implica la aplicaci\u00f3n t\u00e9cnica de la ley, sino de criterios ciudadanos de justicia, equilibrio y<\/p>\n
reparaci\u00f3n. Pero, y sobre todo, la CPE debe incorporar la justicia y los jueces de paz, que son aquellos que nombra y elige la comunidad, especialmente en los municipios, para la resoluci\u00f3n sumaria de todos los conflictos menores, como los vecinales, las desavenencias familiares, las peque\u00f1as deudas y otros que no supongan la declaraci\u00f3n de derechos preestablecidos en la ley.<\/p>\n
El referendo-reforma que proponemos debe incorporar el concepto y los mecanismos de una verdadera justicia comunitaria, universalizando el servicio y acabando con la tergiversaci\u00f3n populista de los usos y costumbres, funcional al autoritarismo gobernante.<\/p>\n
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El autor es pol\u00edtico y abogado.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u201cEl Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, plena, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones\u201d. Esta garant\u00eda consagrada por la Constituci\u00f3n en su Art. 115 deber\u00eda aparejar el acceso universal a la administraci\u00f3n de justicia, ya sea para la resoluci\u00f3n de conflictos, para la vigencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-9039","post","type-post","status-publish","format-standard","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n