{"id":80794,"date":"2022-05-03T04:38:59","date_gmt":"2022-05-03T08:38:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/?p=80794"},"modified":"2022-05-03T04:38:59","modified_gmt":"2022-05-03T08:38:59","slug":"justicia-califica-de-impertinente-la-declaracion-constitucional-de-2001","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/2022\/05\/03\/justicia-califica-de-impertinente-la-declaracion-constitucional-de-2001\/","title":{"rendered":"Justicia califica de \u201cimpertinente\u201d la Declaraci\u00f3n Constitucional de 2001"},"content":{"rendered":"

\u201cCon relaci\u00f3n a la Declaraci\u00f3n Constitucional 003, consignada como PDD 11, la misma que data de fecha 31 de julio de 2001, el mismo data con relaci\u00f3n a una consulta que se habr\u00eda efectuado respecto a los art\u00edculos 91 y 93 de la CPE. Si vemos el lineamiento constitucional, la norma suprema vigente ha sido promulgada el a\u00f1o 2009, exactamente el 9 de febrero del a\u00f1o 2009; en ese entendido, esta Declaraci\u00f3n Constitucional ha sido efectuada el 31 de julio del a\u00f1o 2001 en base a la anterior CPE, por consiguiente, si bien es una declaraci\u00f3n constitucional pero habi\u00e9ndose ya modificado la norma suprema, el Tribunal considera que la misma en el presente caso es impertinente conforme al tenor del art\u00edculo 171, \u00faltima parte, del adjetivo Penal, en tal virtud se excluye la misma\u201d, lee el juez Ramos<\/em><\/p>\n

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El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupci\u00f3n de La Paz, que direcciona el caso \u201cgolpe II\u201d contra la expresidenta del Estado, Jeanine A\u00f1ez Ch\u00e1vez, decidi\u00f3 rechazar como prueba de descargo de la defensa, la Declaraci\u00f3n Constitucional 003\/01 que fue el sustento de jurisprudencia que comunic\u00f3 el Tribunal Constitucional Plurinacional el 12 de noviembre de 2019 sobre la sucesi\u00f3n ipso facto.<\/p>\n

El pasado 21 de abril, el tribunal ordinario, al que A\u00f1ez no reconoce competencia, procedi\u00f3 a rechazar 35 de las 41 pruebas que la defensa de la expresidenta hab\u00eda presentado, incluyendo el comunicado del TCP emitido en 2019 y la Declaraci\u00f3n Constitucional al que hac\u00eda referencia para aplicar los alcances de una sucesi\u00f3n constitucional, sentando jurisprudencia cuando se dio el traspaso de mando de Hugo Banzer a Jorge Quiroga.<\/p>\n

\u201cLa validez de prueba presentada por la defensa de Jeanine A\u00f1ez consta en p\u00e1gina oficial del TCP, por m\u00e1s que el Gobierno y el tribunal ilegal quieran negarla, borrarla, omitirla, excluirla del proceso judicial m\u00e1s abusivo y fuera de lugar\u201d, reclam\u00f3 este viernes la expresidenta mediante la cuenta de Twitter que administra su familia.<\/p>\n

Una a una se fueron desechando las pruebas de la defensa, bajo argumentos de que el caso sobre presunto incumplimiento de deberes que pesa contra A\u00f1ez, indaga su labor cuando era senadora, es decir, hasta antes del 12 de noviembre de 2019. El Tribunal conformado por los jueces Germ\u00e1n Ramos, Roc\u00edo Avil\u00e9s y Marco Antonio Vargas calific\u00f3 como \u201cimpertinentes\u201d las leyes y decretos promulgados por A\u00f1ez durante su gesti\u00f3n, en calidad de presidenta del Estado, porque \u201cfueron emitidos despu\u00e9s de las fechas en que presuntamente se cometieron los il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, Ramos, Avil\u00e9s y Vargas tambi\u00e9n descartaron como pruebas los informes previos de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral y la auditoria vinculante de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA), sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019, por considerar que son temas que competen al Tribunal Supremo Electoral (TSE).<\/p>\n

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PRUEBAS \u201cIMPERTINENTES\u201d<\/strong><\/p>\n

\u201cEl tribunal ordinario primero hizo referencia a una prueba presentada en fotocopia, sobre un comunicado emitido por el TCP, que si bien, cita, es un ente \u201creconocido\u201d en el sistema jur\u00eddico del pa\u00eds, el documento \u201cno lleva firma ni sello\u201d, por tanto, \u201cno se tiene certeza del origen, en tal virtud, el Tribunal con relaci\u00f3n a esta prueba considera que la misma tambi\u00e9n es de car\u00e1cter impertinente y adolece de este aspecto de no contar con el responsable de la emisi\u00f3n del mismo, por consiguiente la misma es excluida\u201d (SIC).<\/p>\n

Sobre la Declaraci\u00f3n Constitucional que fue citada en el comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, que es el documento con el que A\u00f1ez asume la Presidencia del Estado en la sucesi\u00f3n constitucional y bajo la figura de \u201cipso facto\u201d, el tribunal ordinario vuelve a jugar con las fechas para descalificar la prueba.<\/p>\n

\u201cCon relaci\u00f3n a la Declaraci\u00f3n Constitucional 003, consignada como PDD 11, la misma que data de fecha 31 de julio de 2001, el mismo data con relaci\u00f3n a una consulta que se habr\u00eda efectuado respecto a los art\u00edculos 91 y 93 de la CPE. Si vemos el lineamiento constitucional, la norma suprema vigente ha sido promulgada el a\u00f1o 2009, exactamente el 9 de febrero del a\u00f1o 2009; en ese entendido, esta Declaraci\u00f3n Constitucional ha sido efectuada el 31 de julio del a\u00f1o 2001 en base a la anterior CPE, por consiguiente, si bien es una declaraci\u00f3n constitucional pero habi\u00e9ndose ya modificado la norma suprema, el Tribunal considera que la misma en el presente caso es impertinente conforme al tenor del art\u00edculo 171, \u00faltima parte, del adjetivo Penal, en tal virtud se excluye la misma\u201d, lee el juez Ramos.<\/p>\n

En otras palabras, el tribunal interpreta que una Declaraci\u00f3n Constitucional anterior a la nueva CPE \u201cno es v\u00e1lida\u201d, tal como fall\u00f3 el TCP en 2013 cuando decidi\u00f3 habilitar la candidatura de Evo Morales a una segunda reelecci\u00f3n consecutiva, bajo el argumento de que Bolivia y su ordenamiento jur\u00eddico pasaron del \u201csistema republicano al Estado Plurinacional\u201d. Por tanto, Morales ten\u00eda \u201cderecho\u201d a \u201cuna sola reelecci\u00f3n\u201d como manda el art\u00edculo 168 de la CPE, que en 2016 fue vulnerado pese al resultado del referendo del 21 de febrero de aquel a\u00f1o.<\/p>\n

Asimismo, el art\u00edculo que sustenta el juez se encuentra en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, una norma adjetiva para el C\u00f3digo Penal, que es una norma sustantiva.<\/p>\n

El texto del art. 171 sobre libertad probatoria, en su \u00faltima parte, como refiere el tribunal, cita: \u201cUn medio de prueba ser\u00e1 admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigaci\u00f3n y sea \u00fatil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitar\u00e1 los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes\u201d.<\/p>\n

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DECLARACI\u00d3N CONSTITUCIONAL<\/strong><\/p>\n

La Declaraci\u00f3n Constitucional 003\/01 del 31 de julio de 2001 fue mencionada por la Sala Plena del TCP en un comunicado del 12 de noviembre de 2019, \u201cconsiderando la grave situaci\u00f3n pol\u00edtica y social que atraviesa nuestro pa\u00eds y el vac\u00edo de autoridad que ha dejado las renuncias\u201d de toda la l\u00ednea de gobierno y dej\u00f3 establecidos dos puntos.<\/p>\n

El primero con alusi\u00f3n textual a una parte de la DC 003\/01: \u201cfrente a una sucesi\u00f3n presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la Rep\u00fablica, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamaci\u00f3n, no requiri\u00e9ndose de Ley ni de Resoluci\u00f3n Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la Rep\u00fablica; sino que conforme al texto y sentido de la Constituci\u00f3n, el Vicepresidente asume Ipso Facto la Presidencia de la Rep\u00fablica (\u2026) cualquier entendimiento distinto podr\u00eda atentar contra la inmediatez en la sucesi\u00f3n presidencial prevista en el orden constitucional\u201d.<\/p>\n

El segundo punto del comunicado complementa: \u201cConsecuentemente, para la sucesi\u00f3n presidencial deber\u00e1 aplicarse el contenido del art. 169 de la CPE, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaraci\u00f3n Constitucional 003\/01 del 31 de julio de 2001\u201d. Es decir, el comunicado del TCP reconoci\u00f3 la jurisprudencia de la DC de 2001 y mand\u00f3 a aplicar la figura ipso facto al art\u00edculo respectivo de la nueva Constituci\u00f3n.<\/p>\n

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\u00bfINCUMPLIMIENTO O TITULARIDAD?<\/strong><\/p>\n

A\u00f1ez es investigada en el denominado caso \u201cgolpe II\u201d por presunto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constituci\u00f3n, porque seg\u00fan la Procuradur\u00eda General, el Ministerio P\u00fablico y el actual presidente del Senado, Andr\u00f3nico Rodr\u00edguez, como parte acusadora, ella \u201cno cumpli\u00f3 con las formalidades\u201d de asunci\u00f3n a la titularidad de la Presidencia de la C\u00e1mara Alta y luego a la Presidencia del Estado.<\/p>\n

Sin embargo, la entonces senadora beniana como segunda vicepresidenta del Senado no solo asumi\u00f3 la titularidad ante la ausencia por renuncia de la presidenta Adriana Salvatierra y el primer vicepresidente Rub\u00e9n Medinacelli, sino que fue reconocida en despacho por el oficial mayor de esa instancia legislativa, Eduardo del Castillo, hoy ministro de Gobierno de Luis Arce, con la publicaci\u00f3n oficial de la convocatoria a la sesi\u00f3n 198 entre el 11 y 12 de noviembre de ese a\u00f1o.<\/p>\n

El vac\u00edo de poder, que tambi\u00e9n se encuentra se\u00f1alado en el comunicado del TCP, oblig\u00f3 a A\u00f1ez a viajar de Trinidad a La Paz y llegar a la Asamblea Legislativa a las 14 horas del 11 de noviembre. A las 15:47, como presidenta en ejercicio de la C\u00e1mara Alta, emite la convocatoria para sesi\u00f3n del Senado para el d\u00eda siguiente y otra para llamar a plenaria 48 horas despu\u00e9s, en medio de las amenazas de que un grupo de afines al MAS iban a marchar desde El Alto hacia la sede de gobierno para generar violencia y enfrentar a los grupos ciudadanos y c\u00edvicos que hac\u00edan vigilia en plaza Murillo.<\/p>\n

\u201cEstamos haciendo todo lo posible para pacificar el pa\u00eds, todas las garant\u00edas para que nuestros colegas parlamentarios asistan y podamos darle viabilidad a esta crisis que tenemos en el pa\u00eds, no queremos m\u00e1s violencia, apelamos a su conciencia\u201d, declaraba A\u00f1ez, rodeada de las bancadas de oposici\u00f3n.<\/p>\n

Las renuncias de Salvatierra, Medinacelli, Borda y Rivero no llegaron en papel al Legislativo. A\u00f1ez explicaba que las oficinas estaban vac\u00edas, pero aclaraba que las dimisiones fueron emitidas a trav\u00e9s de los medios y aquello era una \u201cacci\u00f3n p\u00fablica que ten\u00eda car\u00e1cter constitucional\u201d.<\/p>\n

Durante sus declaraciones al Tribunal Primero de Sentencia, tanto Salvatierra como Rivero explicaron que las reuniones paralelas que se efectuaban en la Universidad Cat\u00f3lica, entre oficialistas y opositores, estaban destinadas a buscar una salida constitucional de sucesi\u00f3n. La exsenadora reconoci\u00f3 que A\u00f1ez asumi\u00f3 la presidencia en ejercicio del Senado y la exdiputada dijo que se trabajaba para conducir al pa\u00eds a una transici\u00f3n.<\/p>\n

Ambas representantes del MAS hab\u00edan renunciado el mismo 10 de noviembre, Salvatierra de forma verbal a trav\u00e9s de canales de televisi\u00f3n y Rivero con una carta publicada mediante un tuit que luego fue borrado de su cuenta. En la reuni\u00f3n de la UCB, seg\u00fan testigos, ambas confirmaron el car\u00e1cter irrevocable de sus dimisiones, aunque luego salieron a negar que haya existido un vac\u00edo de poder en Bolivia.<\/p>\n

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REGLAMENTO \u201cA LETRA MUERTA\u201d<\/strong><\/p>\n

El reglamento del Senado establece en su art\u00edculo 35 que la Presidencia y Primera Vicepresidencia corresponden a la fuerza pol\u00edtica con mayor\u00eda y la Segunda Presidencia al bloque de minor\u00eda. Sin embargo, el art. 41 otorga como atribuciones a esta \u00faltima \u201cReemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento\u201d.<\/p>\n

En ese marco, A\u00f1ez asumi\u00f3 sin necesidad de qu\u00f3rum o convocatoria la titularidad, tal como pas\u00f3 en dos anteriores oportunidades en ese hemiciclo parlamentario durante 2019 y cuyas constancias se encuentran en el Redactor, instrumento de archivo textual que registra todas las sesiones legislativas.<\/p>\n

El mismo reglamento, \u201ca letra muerta\u201d, agrega en su art. 39 como atribuciones de la Presidenta o Presidente del Senado: \u201cEjercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente Nato\u201d. En ese orden, la norma no proh\u00edbe ni restringe el \u201cderecho al cargo\u201d a mayor\u00edas o minor\u00edas.<\/p>\n

Tras una primera convocatoria a sesi\u00f3n para tratar las renuncias que hab\u00edan anunciado medi\u00e1ticamente y firmado en cartas Evo Morales, su segundo \u00c1lvaro Garc\u00eda y toda la l\u00ednea de prelaci\u00f3n con Adriana Salvatierra, V\u00edctor Borda, como presidente de Diputados y Medinacelli, la l\u00ednea de sucesi\u00f3n recay\u00f3 en A\u00f1ez Ch\u00e1vez.<\/p>\n

Empero, fue hasta conocer el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la referencia jurisprudencial de la Declaraci\u00f3n Constitucional de 2001, que A\u00f1ez decide saltar esas formalidades, a tiempo de denunciar que la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) no asisti\u00f3 a una sesi\u00f3n debidamente convocada y que se hab\u00edan comprometido en participar.<\/p>\n

Morales y Garc\u00eda Linera que hab\u00edan renunciado la tarde del 10 de noviembre de 2019, para la noche del 11 abandonaron el pa\u00eds en un avi\u00f3n rumbo a M\u00e9xico. Se daba la figura de \u201causencia definitiva\u201d, tal como se\u00f1ala el art. 170 de la CPE: \u201cLa Presidenta o el Presidente del Estado cesar\u00e1 en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato\u201d.<\/p>\n

A las 18:51 del 12 de noviembre de 2019, Jeanine A\u00f1ez daba lectura a su declaraci\u00f3n desde la testera de la Asamblea Legislativa: \u201cConforme al texto y sentido de la Constituci\u00f3n, como presidenta de la C\u00e1mara de Senadores, asumo de inmediato la Presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

De esa manera, A\u00f1ez apel\u00f3 a la \u201causencia definitiva\u201d y no a las renuncias del binomio masista, para pasar del edificio del Congreso al Palacio de Gobierno aquella noche de noviembre.<\/p>\n

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JURISPRUDENCIA <\/strong><\/p>\n

PARA LA SUCESI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

En julio de 2001, Hugo Banzer Su\u00e1rez anunciaba al pa\u00eds que renunciar\u00eda a la Presidencia de la Rep\u00fablica en el D\u00eda de la Independencia de Bolivia, es decir, el 6 de agosto, cumpliendo cuatro de los cinco a\u00f1os de gesti\u00f3n por los que fue electo en las elecciones de 1997.<\/p>\n

De acuerdo con la Constituci\u00f3n vigente entonces, se aplic\u00f3 la sucesi\u00f3n presidencial con base a los art\u00edculos 91, 93 y 111, que fueron a consulta del Tribunal Constitucional, para que Jorge Quiroga Ram\u00edrez asumiera la Presidencia por un a\u00f1o, para cumplir ese mandato y gesti\u00f3n constitucional.<\/p>\n

El art\u00edculo 91 de la CPE se\u00f1alaba que la proclamaci\u00f3n del presidente \u201cse har\u00e1 mediante ley\u201d, pero el TC interpret\u00f3 que para el traspaso de mando de Banzer a Quiroga no era necesario aquello, pues se trataba de una sucesi\u00f3n por vacancia, es decir, la renuncia del l\u00edder de ADN. Se hab\u00eda dejado la jurisprudencia en la figura ipso facto y aquello fue redactado en la Declaraci\u00f3n Constitucional 003\/01.<\/p>\n

Otra sucesi\u00f3n, en el marco de la anterior CPE, se registr\u00f3 el 9 de junio de 2005, cuando Eduardo Rodr\u00edguez Veltz\u00e9 fue convocado a la Casa de la Libertad en Sucre para asumir el mando del pa\u00eds. La convulsi\u00f3n social activada por un lado por Evo Morales como diputado y dirigente cocalero, y por los c\u00edvicos del oriente contra Carlos Mesa, en demanda de la nacionalizaci\u00f3n de los hidrocarburos, la asamblea constituyente y las autonom\u00edas, hicieron que la presidencia del historiador y periodista sea inviable.<\/p>\n

Junto a Mesa renunciaron a la l\u00ednea de sucesi\u00f3n constitucional los presidentes de las c\u00e1maras de senadores, Hormando Vaca Diez, y de diputados Mario Coss\u00edo, por pedido expreso de Mesa y ante la amenaza de \u201cguerra civil\u201d de sectores mineros y campesinos afines a lo que luego ser\u00eda el \u201cpacto de unidad\u201d del MAS. La presidencia de Mesa tambi\u00e9n fue producto de una sucesi\u00f3n, tras la renuncia de Gonzalo S\u00e1nchez de Lozada en octubre de 2003, cuando se produjo la llamada \u201cguerra del gas\u201d que dej\u00f3 60 muertos.<\/p>\n

Abogados constitucionalistas explican adem\u00e1s, que todas las figuras de la anterior Constituci\u00f3n se retoman en el nuevo texto aprobado tras la \u00faltima Asamblea Constituyente, como el tema de la sucesi\u00f3n presidencial que ahora est\u00e1 descrito en el art\u00edculo 169 de la vigente CPE.<\/p>\n

Asimismo, alertan que las declaraciones constitucionales tienen igual jerarqu\u00eda que las sentencias constitucionales y negar su alcance puede activar futuros procesos penales contra los eventuales administradores de justicia.<\/p>\n

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JUICIO CON SENTENCIA REDACTADA<\/strong><\/p>\n

El juicio ordinario contra Jeanine A\u00f1ez inici\u00f3 en abril pasado, en la ciudad de La Paz y teniendo a la acusada en audiencia virtual desde la c\u00e1rcel de mujeres de Miraflores, sin opci\u00f3n a que ella salga del penal hacia el sal\u00f3n rosado del edificio judicial en el centro pace\u00f1o.<\/p>\n

Desde el inicio, A\u00f1ez no reconoci\u00f3 competencia de ese tribunal al considerar que la CPE le otorga el derecho a un juicio de responsabilidades por haber ejercido la primera magistratura del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n apelando a que en su condici\u00f3n de exsenadora no pod\u00eda ser juzgada por sus acciones si no hubiera flagrancia comprobada.<\/p>\n

Sobre las figuras de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constituci\u00f3n, la defensa de A\u00f1ez present\u00f3 el jueves un recurso de inconstitucionalidad a los art\u00edculos 153 y 154 del C\u00f3digo Penal que se refieren a ambos tipos penales, por considerar que son \u201cambiguos\u201d y con penas atentatorias que van de un mes a un a\u00f1o, y de cinco a diez a\u00f1os de c\u00e1rcel, respectivamente.<\/p>\n

La acci\u00f3n de los abogados de defensa apunta tambi\u00e9n a frenar una posible sentencia que el tribunal ordinario ya tendr\u00eda lista, dados los antecedentes y el manejo pol\u00edtico del caso. Se entiende que el objetivo del tribunal y el r\u00e9gimen del MAS es justificar el encierro de A\u00f1ez porque los plazos de detenci\u00f3n preventiva en su contra fenecen entre mayo y junio. La abogada beniana est\u00e1 encarcelada desde marzo de 2021.<\/p>\n

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INTERPRETACI\u00d3N MASISTA<\/strong><\/p>\n

Desde el Gobierno, la interpretaci\u00f3n de la jurisprudencia constitucional se entiende como restrictiva.<\/p>\n

El ministro de Justicia, Iv\u00e1n Lima, reconoci\u00f3 la figura ipso facto, pero dijo que aquella \u201csolo procede entre el presidente y vicepresidente\u201d, porque quienes ejercen la Primera y Segunda Vicepresidencia en ambas c\u00e1maras legislativas \u201cno corresponden a cargos democr\u00e1ticos\u201d, y que una segunda vicepresidenta corresponde al bloque minoritario dentro de la Asamblea Legislativa.<\/p>\n

Otros miembros del MAS, como el senador cocalero Leonardo Loza, afirman que A\u00f1ez no fue electa en sesi\u00f3n, no recibi\u00f3 credencial del TSE como presidenta y solo \u201clos polic\u00edas y militares le pusieron la banda presidencial\u201d.<\/p>\n

Sobre el comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, anteriormente el magistrado de esa instancia, Gonzalo Hurtado, calificaba de legal el procedimiento de sucesi\u00f3n; sin embargo, su par Petronilo Flores dijo que aquel documento solo ten\u00eda \u201ccar\u00e1cter informativo\u201d.<\/p>\n

\u201cEl C\u00f3digo Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales\u201d, respond\u00eda Flores en una comisi\u00f3n legislativa en febrero de 2020. Impl\u00edcitamente, el magistrado s\u00ed reconoci\u00f3 el valor de una declaraci\u00f3n constitucional dentro de la norma adjetiva constitucional.<\/p>\n

Una serie de pronunciamientos y resoluciones posteriores fueron saliendo desde Sucre, a cual m\u00e1s ambigua, incluso por un recurso que confront\u00f3 en el TCP a las diputadas Margarita Flores de UN y Susana Rivero del MAS, por la misma coyuntura de sucesi\u00f3n en la C\u00e1mara Baja aquel noviembre de 2019. (Visor21)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cCon relaci\u00f3n a la Declaraci\u00f3n Constitucional 003, consignada como PDD 11, la misma que data de fecha 31 de julio de 2001, el mismo data con relaci\u00f3n a una consulta que se habr\u00eda efectuado respecto a los art\u00edculos 91 y 93 de la CPE. 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