El investigador senior de Human Rights Watch (HRW) para Am\u00e9rica Latina, Cesar Mu\u00f1oz, se\u00f1al\u00f3 que la nueva ley en la que se establecen modificaciones al C\u00f3digo Penal, C\u00f3digo de Procedimiento Penal y al C\u00f3digo de Ejecuci\u00f3n Penal, recientemente aprobada en la C\u00e1mara de Diputados, para endurecer sanciones contra jueces y fiscales por el delito de prevaricato, puede generar escenarios de persecuci\u00f3n y no ayuda en nada a la reforma de justicia.
\n\u201cEl proyecto de ley aprobado por Diputados que sube la pena contra jueces y fiscales por prevaricato no ayuda en nada a reformar la justicia. Al contrario, van a temer tomar decisiones que incomoden a alguien poderoso y los persigan por ello\u201d, indic\u00f3 desde su cuenta de Twitter.
\nMu\u00f1oz se\u00f1al\u00f3 que el C\u00f3digo Penal de Bolivia contiene una definici\u00f3n muy amplia del delito de prevaricato, que abre la puerta a abusos, por lo que este proyecto de ley, al elevar esta pena hasta 20 a\u00f1os, hace a jueces y fiscales m\u00e1s vulnerables a presiones externas.
\nSostuvo que con esta normativa se produce un retroceso en la independencia de la justicia, ya que deja a sus administradores a merced del Gobierno, ante posibles resoluciones que no favorezcan al poder, por lo que deber\u00eda ser rechazada cuando sea tratada por la C\u00e1mara de Senadores.
\n\u201cBolivia necesita jueces y fiscales independientes elegidos por sus m\u00e9ritos y con seguridad en el cargo, que apliquen la ley sin miedo a la reacci\u00f3n del gobierno de turno. El proyecto de ley retrocede, en lugar de avanzar hacia ese objetivo. El Senado lo deber\u00eda rechazar\u201d, manifest\u00f3.
\nLa semana pasada, en sesi\u00f3n de C\u00e1mara de Diputados, se aprob\u00f3 el proyecto de ley en el cual establecen las modificaciones al C\u00f3digo Penal, C\u00f3digo de Procedimiento Penal y al C\u00f3digo de Ejecuci\u00f3n Penal y Supervisi\u00f3n, para endurecer con sanciones por el delito de prevaricato.<\/p>\n
PROYECTO DE LEY
\nEste proyecto de ley incluye, adem\u00e1s de los jueces, a fiscales, abogados, m\u00e9dicos forenses y trabajadores sociales, en lo que denominan consorcios de varios profesionales, que beneficiaban con salidas de la prisi\u00f3n a feminicidas, violadores e infanticidas.
\n\u201cLa finalidad no solamente es endurecer las penas para que otros jueces o fiscales no se atrevan a cometer estos delitos. Tambi\u00e9n vamos a evitar que feminicidas, infanticidas y violadores est\u00e9n libres en las calles\u201d, manifest\u00f3 la diputada Lidia Tupa, presidenta de la Comisi\u00f3n de Justicia Plural.
\nMediante esta norma se plantea la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal en su art\u00edculo 173 sobre Prevaricato, para ampliar la pena de privaci\u00f3n de libertad hasta los 20 a\u00f1os para los jueces o fiscales que dictaminen resoluciones contrarias a la CPE.
\nEn lo referido a Consorcios, las sanciones de cinco a 10 a\u00f1os alcanzar\u00e1n a jueces, fiscales, abogados, auxiliares y ahora tambi\u00e9n aplica a magistrados, vocales, conciliadores, polic\u00edas, peritos, m\u00e9dicos y trabajadores sociales.
\nEn el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, este proyecto establece modificaciones al art\u00edculo 231, para que los imputados por feminicidio, infanticidio y violaci\u00f3n, no puedan gozar de otras medidas cautelares, adem\u00e1s de establecer restricciones para los privados de libertad que soliciten la cesaci\u00f3n de las medidas cautelares por enfermedades graves.
\nEsta propuesta normativa traza modificaciones al C\u00f3digo de Ejecuci\u00f3n Penal y Supervisi\u00f3n en su art\u00edculo 93 de Enfermedades Graves y Contagiosas, estableciendo que el IDIF ser\u00e1 la entidad encargada de realizar el dictamen m\u00e9dico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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