La firma jur\u00eddica Alliance Abogados Asociados, de la que son socios los exprocuradores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), H\u00e9ctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho Diederich, figura como Organizaci\u00f3n No Gubernamental (ONG) para adjudicarse procesos internacionales por los que cobra al Estado, denunci\u00f3 el abogado constitucionalista Jorge Santistevan.
\n\u201cEste consorcio de abogados est\u00e1 figurando como ONG, siendo que estas organizaciones son sin fines de lucro, pero esta es la \u00fanica en su especie que est\u00e1 cobrando al Estado, al menos, 2,5 millones de d\u00f3lares por el caso Mut\u00fan (con la firma ind\u00fa Jindal Steel Bolivia S. A.). Debe haber una investigaci\u00f3n por parte del \u00d3rgano Legislativo y adem\u00e1s establecer una de auditor\u00eda externa\u201d, puntualiz\u00f3.
\nEn criterio del jurista, la conformaci\u00f3n de la firma Alliance Abogados Asociados responde a una deliberada intenci\u00f3n de beneficiarse con recursos del Estado, no obstante del ejercicio p\u00fablico que les permiti\u00f3 acceder a contactos e informaci\u00f3n de manera desleal.
\nEl procedimiento jur\u00eddico de arbitraje internacional, mediante orden procesal, exige al Estado demandado la designaci\u00f3n de una firma de abogados, a conocimiento de este requisito ambos abogados vinculados al MAS forman el consorcio sacando ventaja sobre el resto de los profesionales abogados que, adem\u00e1s no figuran como ONG.
\nSeg\u00fan la valoraci\u00f3n del constitucionalista, el Estado boliviano debe atender millonarios procesos internacionales, entre ellos, la nacionalizaci\u00f3n de las hidrocarbur\u00edferas Chaco por 357 millones de d\u00f3lares, Transredes por 241 millones de d\u00f3lares, Entel por otros 100 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de otras ocho empresas internacionales demandantes.
\nLa ventaja indebida en favor de Alliance Abogados Asociados tambi\u00e9n tiene que ver con adjudicaci\u00f3n de los procesos de manera directa, sin licitaciones p\u00fablicas.
\nAsimismo, el Estado boliviano debe responder las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos fundamentales que suman cerca de un centenar de personas, cuyo resarcimiento supera los 50.000 d\u00f3lares en cada caso, seg\u00fan la valoraci\u00f3n de Santistevan.
\n\u201cLa corte normalmente atribuye en sus resoluciones entre 70.000, 80.000, 100. 000 d\u00f3lares como una media para indemnizar por da\u00f1os y perjuicios, asumiendo esa responsabilidad pero con mucho retraso por parte del Estado, hasta la fecha\u201d, sostuvo.
\nA decir de Santistevan, los funcionarios de la Procuradur\u00eda General del Estado (PGE) no est\u00e1n cumpliendo sus funciones limit\u00e1ndola a un organismo \u201csimplemente figurativo o adorno\u201d que no tiene ninguna funci\u00f3n importante, actuando como intermediadora entre los demandantes y el Estado boliviano.
\n\u201cEso no le sirve al Estado es una pesada carga. Esta situaci\u00f3n da a entender un claro favoritismo por parte del Gobierno nacional hacia ese bufete jur\u00eddico y no en favor de la defensa del Estado para lo que fue creada. La pregunta es: \u00bfPara qu\u00e9 sirve el consejo de abogados de la procuradur\u00eda? Hay una falta de lealtad hacia el Estado y una falta de \u00e9tica profesional de los mencionados (Zaconeta y Menacho)\u201d, cuestion\u00f3.
\nSantistevan plante\u00f3 la intervenci\u00f3n del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n, adem\u00e1s de la investigaci\u00f3n por parte de legisladores nacionales a fin de evitar el desangramiento econ\u00f3mico del Estado por los laudos arbitrales que van en contra de la econom\u00eda de todos los bolivianos, mucho m\u00e1s ahora que se vive una situaci\u00f3n de dolor por la pandemia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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