Carlos Denis Dur\u00e1n Flores, fue sentenciado a cuatro a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad en el Centro de Rehabilitaci\u00f3n de varones de Mocov\u00ed, acusado por el delito de avasallamiento establecido en el art\u00edculo 351 bis del C\u00f3digo Penal, seg\u00fan report\u00f3 la Palabra del Beni.<\/p>\n
De acuerdo a los fundamentos de la acusaci\u00f3n presentada por el Ministerio P\u00fablico -a la cual tuvo acceso la Palabra del Beni- el avasallamiento, ocurri\u00f3 en la avenida Panamericana en Trinidad en el inmueble denominado \u201cMichel\u201d de propiedad de Mar\u00eda Laida Pardo Vda. de Vaca.<\/p>\n
Dicha propietaria, durante la tramitaci\u00f3n del proceso demostr\u00f3 ser la \u00fanica propietaria de los inmuebles avasallados, raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a la justicia para la restituci\u00f3n de sus derechos.<\/p>\n
Seg\u00fan los antecedentes, la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la justicia dentro del referido caso, estuvo basada en la aplicaci\u00f3n de la Ley N\u00b0 477 de 30 de diciembre de 2013 denominada \u201cLey Contra el Avasallamiento y Tr\u00e1fico de Tierras\u201d.<\/p>\n
Esa norma fue promulgada, precisamente, con la finalidad de proteger y resguardar el derecho a la propiedad consagrado por el art. 56 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado.<\/p>\n
La referida ley, modific\u00f3 el C\u00f3digo Penal incorporando los delitos de avasallamiento y tr\u00e1fico de tierras, que contemplan penas privativas de libertad entre tres a ocho a\u00f1os para las personas que sean declaradas culpables por la toma ilegal de propiedad tanto urbana como rural.<\/p>\n
Pese al marco normativo creado con la promulgaci\u00f3n de la Ley N\u00b0 477, se ha podido evidenciar que, tanto a nivel nacional como local, la ocupaci\u00f3n ilegal (avasallamiento) de tierras urbanas y rurales, contin\u00faa siendo una problem\u00e1tica sin resolver.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n se acrecenta en Trinidad debido a los asentamientos carentes de planificaci\u00f3n urbana y construcciones clandestinas sin autorizaci\u00f3n de instancias t\u00e9cnicas municipales.<\/p>\n
En el caso de los acusados Carlos Denis Dur\u00e1n Flores y Luz Marina Fern\u00e1ndez Herrera, la acusaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda refiere que los inmuebles avasallados incluso eran utilizados para la pr\u00e1ctica de culto religioso, por lo que se realizaron construcciones dentro de propiedad ajena sin ning\u00fan tipo de autorizaci\u00f3n por parte de la propietaria de los terrenos, ni del Gobierno Municipal de Trinidad.<\/p>\n
La respuesta de la justicia frente a hechos concretos de ocupaci\u00f3n ilegal de propiedad privada constituye un precedente de protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, justo en un momento de crisis del sistema judicial que d\u00eda a d\u00eda encuentra mayores problemas de legitimaci\u00f3n frente a la opini\u00f3n p\u00fablica. (La Palabra del Beni)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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