El Estado tiene entre sus atribuciones normar y dictar normas, es decir, puede proponer leyes, para luego hacerlas cumplir. En el caso de las normas penales, \u00e9stas pueden ir variando con el paso del tiempo, dada la evoluci\u00f3n y complejidad de las sociedades. Es totalmente factible, por ello, que sean tipificados y sancionados nuevos delitos y otros vayan desapareciendo. El Estado, como el \u00fanico poseedor del poder coercitivo y coactivo, tiene no solo la opci\u00f3n sino la obligaci\u00f3n de crear normas para una adecuada vida en sociedad. Ahora bien, utilizar esta atribuci\u00f3n para construir una normativa penal, con serios indicios de tintes pol\u00edticos, no es pertinente ni mucho menos leg\u00edtimo.
\nLa legitimidad dentro del derecho penal surge de la delgada l\u00ednea entre lo que el Estado quiere normar y lo que la sociedad requiere que sea normado. Romper este equilibrio entre Estado y Sociedad puede llevar, por un lado, a la desnaturalizaci\u00f3n del Estado como rector de la convivencia pac\u00edfica, permitiendo que el hecho delictivo sea algo cuasi normal y, por otro lado, puede llegar a convertirlo en una especie de controlador pol\u00edtico, el cual criminaliza cualquier accionar que considere contrario a sus intereses. Para evitar romper el equilibrio mencionado, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de generar espacios adecuados de di\u00e1logo y socializaci\u00f3n de todo aquello que se quiera cambiar, modificar, ampliar o adjuntar dentro de la tipificaci\u00f3n de delitos.
\nEl \u201cIus Puniendi\u201d para que logre alcanzar toda legitimidad debe ser debidamente consensuado, tratar de imponerlo lo tergiversa, transformando a la ley penal en un peligroso aparato represor del Estado. Limitar el poder no es sin\u00f3nimo de debilidad, sino de lucidez jur\u00eddica, pol\u00edtica y social. El Estado, por ende, tiene que velar por la consecuci\u00f3n del bien com\u00fan y a la vez brindar certeza y claridad jur\u00eddica a la sociedad, para que \u00e9sta encuentre dentro de sus normas seguridad, tanto en el \u00e1mbito civil como en el penal.
\nLa normativa vigente, tanto en materia civil como en la penal, debe ser modificada, de eso no existe duda alguna, es por ello que actuar con principios basados en democracia resultar\u00eda de enorme beneficio en la hora de elaborar nuevas leyes y normas. Escuchar a los actores sociales de todos los \u00e1mbitos dar\u00eda como resultado, en este caso concreto, una nueva ley penal justa, equitativa y protectora.
\nEl verdadero poder que puede llegar a tener el Estado no se basa simplemente en coartar, coaccionar o perseguir a todo aqu\u00e9l que piense diferente, se basa principalmente en escuchar y negociar, es de esta manera que se construyen sociedades m\u00e1s justas y con leyes m\u00e1s equitativas.
\nUn Estado represor solo busca instrumentalizar a la justicia, para convertirla en una especie de \u00f3rgano perseguidor del poder de turno. El problema de la justicia, por ende, es complicado. Todav\u00eda estamos muy lejos de poder tener un aparato judicial respetable y confiable, mientras el poder pol\u00edtico se vea a s\u00ed mismo como inmaculado e intocable, la justicia seguir\u00e1 siendo abusiva e intolerante.<\/p>\n
Marcelo Miranda Loayza, Te\u00f3logo y Bloguero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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